Promesas electorales, amenazas para la reducción del déficit público

Las promesas electorales aparecen como una tentación en la senda de reducción del déficit. El calendario de 2015, con comicios autonómicos, municipales y generales repartidos a lo largo del año, se erige como principal amenaza para el cumplimiento del objetivo de déficit público. De momento, los anuncios de rebajas de impuestos comienzan a deshelarse entre las autonomías: Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Cantabria, Baleares, Aragón, Navarra y Comunidad de Madrid ya se han comprometido a aliviar la carga fiscal de sus ciudadanos para el próximo año.

Pero las cuentas podrían no cuadrar. Algunas de las autonomías que bajarán impuestos, como Comunidad Valenciana, Cantabria o Castilla-La Mancha, continúan adscritas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), provisto por el Estado para aliviar a las regiones con problemas de liquidez.

Asimismo, la última vez que hubo alineación de elecciones el mismo año, en 2011, el déficit se disparó: en lugar del 6% del PIB apalabrado con Bruselas superó el 9%.

En esta cascada de anuncios, hasta julio, el déficit público de todas las comunidades fue del 0,98% frente al límite del 1% del PIB fijado para todas las administraciones autonómicas en el conjunto del año. Entre las que ya han superado este límite figuran Navarra (un 2,59% de su PIB), Castilla-La Mancha (-1,40%), Extremadura (-1,93%), Murcia (-1,42%), Andalucía (-1,39%) y Cataluña (-1,22%). Las tres primeras, bajarán impuestos en 2015.

«El dato de déficit hasta julio aún debe ser corregido por la estacionalidad, así que es posible que acaben cumpliendo el objetivo. De todas formas es bastante difícil que lo logren», considera Ángel Laborda, director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), que calcula que la desviación de las autonomías superará en tres o cuatro décimas el objetivo fijado a final de año.

El subdirector de Fedea, José Ignacio Conde-Ruiz, es más pesimista. «El déficit de las comunidades se contendrá algo en el tercer trimestre pero durante el cuarto trimestre volverá a subir, lo que supone que muy probablemente termine sobre el 1,5% del PIB». Una desviación que también salpica a la deuda pública regional. Si el límite de endeudamiento fijado para las autonomías es del 21,1% del PIB para 2015, las facturas a pagar hasta junio suponían el 21,7%.

Como fuere, Laborda no cree que la situación sea parecida a la de 2011, ya que el Gobierno tiene un mayor control sobre las comunidades a través del Plan de Estabilidad y el FLA, «el palo y la zanahoria» para intentar cuadrar las cuentas autonómicas.

«Además, hay que tener en cuenta que el Estado tendrá que hacer frente a un ajuste mayor que las autonomías en 2015», añade Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales. Frente al límite de déficit de la Administración Central del 3,5% este año, el Estado deberá ajustarse el cinturón hasta el 2,9% en 2015 mientras que las comunidades tendrán un tope del 0,7% del PIB.

A ello se suma la reforma fiscal del Gobierno. La rebaja en el Impuesto de Sociedades y el IRPF que aplicará el Estado supondrá una pérdida de recaudación de 3.803 millones de euros el próximo año. En el caso del Impuesto sobre la Renta, la reducción fiscal dependerá de si las comunidades repican la bajada de impuestos del Gobierno central en su tarifa, ya que tienen competencia sobre el 50% del IRPF. «¿Qué legitimidad tiene el gobierno central para pedir a las autonomías que no bajen los impuestos cuando se acaba de aprobar una reforma fiscal que también los bajan?», cuestiona Conde-Ruiz. Entre urna y urna, la senda de consolidación fiscal trae curvas.