El interventor pidió al alcalde de Benidorm parar las contrataciones por sus «irregularidades»

El alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, sabía que las contrataciones y ascensos de categoría a familiares, militantes y afines del PSOE que ahora investiga la Justicia en el conocido como «caso de los enchufes» estaban plagadas de «irregularidades» de las que podían derivarse «graves responsabilidades». Así se lo hizo saber el interventor municipal en un informe interno que ahora forma parte del sumario de la causa, que se investiga en el juzgado de Instrucción número 2 de la localidad y en la que hoy comparecerá como testigo el que era concejal de Recursos Humanos en aquel momento, Juan Ramón Martínez (hoy en Deportes).

Dicho informe, firmado el 24 de septiembre de 2010, vino motivado porque el alcalde y la jefa de Recursos Humanos no hicieron llegar a la Intervención los expedientes de las contrataciones «para su obligatoria fiscalización previa».

El 11 de agosto, de hecho, el interventor había instado a la jefa de Recursos Humanos a «suspender la tramitación de todos los expedientes de Personal que supongan incremento de gasto en el Capítulo 1, en tanto no se concreten los puestos de trabajo», y avanzó su «reparo a la legalidad en caso contrario».

Los avisos del interventor municipal cayeron en saco roto. A finales de agosto, la Intervención se encontró con varias resoluciones de Alcaldía –firmadas por Navarro– que aprobaban los nombramientos de funcionarios de carrera para puestos de oficial de segunda, enterrador, electricista, jefe del departamento de nóminas, inspector de personal y jefe de negociado de contratación.

Además, en el informe el funcionario avisa de que « tiene constancia de la incorporación de 12 agentes de la Policía Local como interinos, de 49 plazas de contratados laborales como inspectores de plazas, agentes censales, vigilantes de instalaciones deportivas...». Unas contrataciones que cuantifica en 374.333,73 euros, y que se suman a «las promociones internas de 7 jefes de negociado, 5 coordinadores, 2 técnicos de asuntos jurídicos, 1 letrado asesor jurídico, 22 auxiliares administrativos y 16 administrativos». Unas contrataciones y promociones internas que «exceden el crédito presupuestario disponible».

«Reparo formal»

Por todo ello, el interventor, que hace constar en dicho informe su «reparo formal respecto a las referidas resoluciones de Alcaldía», advierte «expresamente» al alcalde de «las graves responsabilidades que se pueden derivar de las irregularidades puestas de manifiesto en los expedientes que se están tramitando» y que «se realizan totalmente al margen de los procedimientos establecidos en materia contable y presupuestaria». Unas responsabilidades que pueden alcanzar «tanto a los funcionarios responsables como a las autoridades que amparan dichos actos».

Este es solo uno de los informes del interventor municipal en los que el alto funcionario expresaba su rechazo a las prácticas en materia de personal del alcalde socialista de Benidorm. Tal como publicó este periódico en su momento, la Fiscalía tomó en cuenta el contenido de hasta tres informes distintos del interventor para fundamentar su denuncia contra Navarro por prevaricación, tráfico de influencias y posible malversación. El alcalde volverá a declarar como imputado en abril.