Diferencias entre PP y PSOE por el informe del Tribunal de Cuentas

El informe del Tribunal de Cuentas sigue trayendo cola, y es que ayer PP y PSOE volvieron a enfrentarse e hicieron su propia lectura de las conclusiones de la información que contiene. La senadora y portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Carmen Riolobos, aseguró ayer que este informe elogia la gestión de la expresidenta María Dolores de Cospedal y pide al actual Gobierno autonómico que «tome ejemplo» del anterior Ejecutivo castellano-manchego.

Riolobos destacó en rueda de prensa que en su informe del año 2014 el Tribunal de Cuentas elogia «especialmente» la gestión económica de dos comunidades autónomas: Andalucía y Castilla-La Mancha. Respecto a esta última, afirmó que señala que la comunidad ha reducido el desequilibrio presupuestario en más de un 80% y que, además, pone a la región como «ejemplo de gestión económica» para el resto de comunidades.

En su opinión, «esto deja claro que en el ámbito del déficit, la deuda y el gasto, la comunidad y todos los castellanomanchegos hemos hecho un esfuerzo enorme». Según la portavoz popular, también el Tribunal de Cuentas advierte al actual presidente autonómico, Emiliano García-Page, de que «o mantiene la gestión en la senda del equilibrio presupuestario o pone en riesgo otra vez la economía de Castilla-La Mancha».

Por su parte, desde el PSOE de Castilla-La Mancha consideran que el informe del Tribunal de Cuentas de 2014 «pone en evidencia» que el Gobierno regional del PP «ha servido para recortar y privatizar» servicios como educación y sanidad sin «cumplir ni un solo año el objetivo de déficit».

Fue la portavoz socialista en las Cortes regionales, Blanca Fernández, la que salió al paso a las declaraciones de Carmen Riolobos, que dijo ayer que el informe del Tribunal de Cuentas elogia la gestión de la expresidenta de la región, María Dolores de Cospedal.

Sin embargo, para Fernández el informe del Tribunal de Cuentas «pone en evidencia» que los años de gobierno del PP en la región «han servido para recortar y privatizar servicios tan importantes como la educación, sanidad y los servicios sociales», lo que ha supuesto, a su juicio, «dejar en la cuneta a decenas de miles de ciudadanos que necesitaban ser rescatados».