Rajoy irrumpe en el debate del agua y pide a Page que cumpla los acuerdos

Este jueves se escribió un nuevo capítulo de la «guerra del agua» en Castilla-La Mancha, y es que mientras los embalses de cabecera del Tajo se encuentran al 15% de su capacidad y el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un nuevo trasvase de 15 hectómetros cúbicos de agua con destino al Levante, los políticos siguen acrecentando la polémica con su cruce de declaraciones.

De hecho, este mismo jueves el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, se pronunció por primera vez sobre este tema, recuperado por el jefe del Ejecutivo castellano-manchego, Emiliano García-Page, en una entrevista con la cadena Cope. A Page le pidió Rajoy que «asuma los acuerdos» sobre el trasvase Tajo-Segura que fueron pactados con rango de ley por cinco comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha.

De este modo, el presidente del Gobierno confía en que no se vuelva a recrear la «tensión interregional» de años atrás entre las comunidades autónomas demandantes y cedentes de agua. Así, puso como ejemplo el acuerdo que suscribieron hace no muchos meses la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. En su opinión, «no hay ninguna razón para que en unos sitios, porque gobierne el PSOE y en otros el PP, no se pueda llegar a un acuerdo».

El presidente Rajoy anunció que en el Consejo de Ministros se van a prorrogar las medidas urgentes que se aprobaron y que afectan sobre todo a Murcia, «ya que la situación de sequía es preocupante». Además, señaló que, «puesto que el trasvase será más pequeño porque no hay agua», se está tratando de ver si es posible tener un precio razonable del agua de las desaladoras.

La respuesta por parte del Ejecutivo castellano-manchego no se hizo esperar, y fue su vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, el que respondió al presidente del Gobierno que la Junta «está cumpliendo estrictamente con la ley» en materia de agua. De hecho, invitó a Rajoy a que visite el Tajo para que «conozca en vivo y en directo cuál es la realidad del río a su paso por Castilla-La Mancha y, a partir de ahí, que pueda tomar decisiones».

El portavoz de la Junta argumentó que el Ejecutivo castellano-manchego está cumpliendo la ley, una «ley que obliga a defender los intereses de Castilla-La Mancha ante cualquier decisión que se tome que vulnere esos intereses». Por este motivo, recordó, están «recurriendo decisiones que ha tomado el Gobierno de España y que, según los servicios jurídicos de la Junta, vulneran la normativa que regula la materia hidráulica en España y, concretamente, las reglas fijadas para la explotación del trasvase Tajo-Segura».

Martínez Guijarro se refirió, de este modo, a la decisión del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de autorizar la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra el trasvase de 20 hectómetros cúbicos de la cuenca del Tajo a la del Segura aprobado el pasado mes de julio.

Ley del embudo

«Lo que no puede hacer el señor Rajoy es aplicar la ley del embudo, ancho para el Levante y estrecho para Castilla-La Mancha», advirtió Martínez Guijarro, quien insistió en que la Junta cumplirá «el compromiso asumido» con los castellano-manchegos, el de «la defensa del río Tajo».

También en los pasillos de las Cortes de Castilla-La Mancha, durante la celebración de la primera sesión parlamentaria en periodo ordinario de la legislatura, los portavoces del PP, PSOE y Podemos, Francisco Cañizares, Blanca Fernández y David Llorente, respectivamente, respondieron a las palabras del presidente Rajoy.

Cañizares afirmó que su partido «siempre va a apoyar los intereses de Castilla-La Mancha» sobre agua y aseguró que «ahora hay una mejor regulación y una mayor defensa de los intereses del agua gracias al PP». «No estaríamos hablando de recursos si mantuviéramos la legislación socialista que permitía trasvasar hasta 240 hectómetros cúbicos», apuntó. Con ello, volvió a señalar que el PP de la región va «a seguir defendiendo los intereses de Castilla-La Mancha y el agua en cantidad y calidad» frente «a 28 años de un PSOE que busca en el enfrentamiento una forma de hacer política, pero no resuelve los problemas», lamentó.

Frente a las palabras de Cañizares, la portavoz socialista Blanca Fernández denunció que «parece que el gobierno de Rajoy cree que es legal hasta llevarse el lodo de la cabecera del Tajo» y dijo que el presidente tendría que «venir a visitar el Tajo, no sólo la cabecera sino a hablar con los vecinos de algunos de los pueblos que ni siquiera tienen suministro de agua potable». «Como no se tomen medidas en serio ya, no habrá agua para nadie», advirtió Fernández, quien pidió también al presidente del Gobierno que se tome «la molestia» de hablar con Emiliano García-Page,sobre este asunto porque es un problema que «afecta a todos, a los castellano-manchegos, pero también a los valencianos y murcianos».

Por su parte, el portavoz de Podemos opinó que «no debe caerse en una guerra interterritorial sobre el agua», pues se trata, a su juicio, de «un asunto en el que es necesario adoptar una visión de Estado, de conjunto, y no enfrentar a gente contra gente entre distintos territorios». Llorente añadió que «hay que seguir el rastro del dinero, ver qué negocios se hacen a través del agua, quiénes se benefician de esos negocios a costa de un bien común, que debe tener una gestión pública y que debe tener una gestión basada en acuerdos interterritoriales entre los territorios afectados».