El PSOE invita a diputados de Valencia y Murcia a conocer «la triste realidad del Tajo»

Aunque desde el Gobierno de Castilla-La Mancha no se quiere hablar de «guerra del agua», lo cierto es que en los últimos días son continuos los cruces de acusaciones entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Junta de Castilla-La Mancha, los Gobiernos de Valencia y Murcia y los regantes, todo ello a costa del trasvase. Una situación que recuerda lo vivido antes de que el PP llegara a la presidencia de Castilla-La Mancha hace cuatro años.

«Queremos dialogar», se apresuraba a decir ayer la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz. «Es una cuestión de justicia. Hay que sentarse a hablar y ver las condiciones de ese trasvase, que ha perjudicado a Castilla-La Mancha y que está hurtando a los municipios de la región su aprovechamiento del agua del Tajo».

Pero a su vez advertía que la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha trabaja conjuntamente con los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades en la preparación de un informe que será remitido próximamente al Ministerio a fin de obligar al reconocimiento de ese volumen mínimo por debajo del cual se declare el nivel 4 y por tanto cesen las derivaciones a la cuenca del Segura desde el mismo momento en que se haya bajado de dicho nivel en los embalses de cabecera.

De esta forma contestaba a la información facilitada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que establece en 304 hectómetros cúbicos el volumen mínimo de agua embalsada en Entrepeñas y Buendía para seguir trasvasando agua a la cuenca del Segura.

Evaluación ambiental

El Gobierno de España alude en ese comunicado a la Ley de Evaluación Ambiental y a un decreto de septiembre de 2014 para establecer el límite de referencia en 304 hectómetros en lugar de los 400, debido a un régimen transitorio mediante el cual se alcanzarían los 400 como límite mínimo no trasvasable en un período de cinco años aumentando progresivamente los 240 establecidos en la Ley del Plan Hidrológico Nacional aprobado en 2001, con aumentos de 32 hectómetros anuales de aumento en las reservas mínimas.

La consejera de Fomento indicó que su departamento dispone de un certificado oficial del Ministerio fechado el 8 de marzo de 2014 en el que se comunica a la Consejería que el volumen almacenado de agua conjunta entre Entrepeñas y Buendía era de 900 hectómetros cúbicos.

«El propio Ministerio reconocía mediante un comunicado remitido a los medios informativos en esa misma fecha que esta circunstancia situaba el límite mínimo no trasvasable en 400 hectómetros cúbicos», indicó la consejera, que recordaba que la nota emitida por el Ministerio decía textualmente en el subtítulo que «a partir de ahora el umbral mínimo no trasvasable por el Acueducto Tajo-Segura se establece de manera permanente en 400 hm3, según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental» al haberse alcanzado un volumen conjunto en Entrepeñas y Buendía de 900 hm3, lo que suponía la entrada en vigor «de forma inmediata» del nuevo nivel de referencia de 400 hectómetros cúbicos y de la curva de condiciones excepcionales, según decía el comunicado.

Por ello, para De la Cruz, el propio Ministerio reconoce que el umbral por debajo del cual no se puede trasvasar es de 400 hm3 y sin embargo «ahora argumentan que la disposición transitoria tiene que ser otra diferente».

Invitación a diputados

También desde el PSOE de Castilla-La Mancha ayer se habló del trasvase Tajo-Segura. Fue el presidente del grupo parlamentario socialista en las Cortes regionales, Rafael Esteban, quien lamentó el estado de los pantanos de la cabecera del Tajo, con sólo 395 hectómetros cúbicos.

Anunció que cursará invitaciones para llevar a los diputados regionales de Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha, así como del Congreso y del Senado a visitar la zona y ver in situ «el lamentable estado de los pueblos ribereños».

Según Esteban, «vamos a iniciar una ronda de contactos con todos ellos para que visiten nuestro territorio, para mostrarles como están». Tampoco Rafael Esteban quiso hablar de «guerra del agua» pero «queremos que se conozca la situación tal y como está».

Rafael Esteban pidió que en Castilla-La Mancha, entre los partidos políticos, se reproduzca el acuerdo unánime que han alcanzado los pueblos ribereños en defensa de este recurso e «ir todos juntos en pro de los intereses de una comarca y de una comunidad autónoma». En su opinión, «me sonrojo cuando los populares no hacen otra cosa que justificar los trasvases a Levante porque así lo dice una Ley». Para el diputado socialista, «es un desconocimiento bastante claro de lo que ocurre, de cómo están las personas que viven en estas zonas de Guadalajara y de Cuenca, pero también de la realidad del Tajo a su paso por Toledo o Talavera».

Mientras, desde el Levante se sigue defendiendo el trasvase. El vicesecretario general de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo, aseguró que mientras gobierne el PP el agua estará «garantizada» para los regantes de la provincia de Alicante y la Región de Murcia.

Y la consejera de Agricultura de la Comunidad Valenciana, Elena Cebrián, pidió «serenidad» sobre el trasvase Tajo-Segura.