Entrepeñas y Buendía están casi al límite de la reserva mínima que impide trasvasar

Los pantanos de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, embalsan 405,91 hectómetros cúbicos de agua tras perder 15,28 en la última semana, al límite de la reserva mínima que impide trasvasar, que se sitúa en 400 hectómetros cúbicos, según fija el memorando sobre el trasvase Tajo-Segura. En concreto, los embalses de cabecera del Tajo están al 16,4 % de su capacidad total, que es de 2.474 hectómetros cúbicos.

El pasado 27 de julio, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aprobó autorizar el envío de 20 hectómetros cúbicos de agua a través del acueducto Tajo-Segura.

Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), el pantano de Buendía almacena 268,91 hectómetros cúbicos de agua, 9,95 hectómetros cúbicos menos que la pasada semana, que lo sitúa al 16,4 % de su capacidad total, que es de 1.639 hectómetros cúbicos.

A su vez, la reserva del pantano de Entrepeñas es de 136,99 hectómetros cúbicos, 5,33 hectómetros cúbicos menos que la que tenía la semana anterior, con lo que se queda al 16,4 de su capacidad total de embalse que es de 835 hectómetros cúbicos.

Hace un año por estas fechas, los embalses de cabecera del Tajo almacenaban 648 hectómetros cúbicos, lo que representaba el 26,19 % de su capacidad total.

La cuenca hidrográfica del Tajo acumula esta semana un total de 5.648 hectómetros cúbicos de agua, 193,81 menos que la semana pasada, y está al 51,32 % de su capacidad, que es de 11.007 hectómetros cúbicos.

Como ya ha informado ABC, desde principios de la semana pasada, e l recurso contra el último trasvase aprobado por el Gobierno central se encuentra en el Tribunal Supremo, decisión adoptada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que preside Emiliano García-Page, ante la situación de escasos recursos que presentan los pantanos de cabecera. Lo mismo que reclama el Levante, cuyos Gobiernos de Valencia y Murcia han comenzado a exigir un blindaje para que el trasvase no desaparezca.

Todo parece indicar pues que la llamada «guerra del agua» parece haberse reactivado entre las Comunidades autónomas, tras permanecer «latente» en los últimos cuatro años.