Agua saneada

Unos 250.000 vecinos se han beneficiado de las puesta en marcha de más de un centenar de depuradoras; algunas estaban construidas, pero no pagadas

La depuración de las aguas residuales se ha convertido no sólo en una necesidad, sino también en un deber. Ha ido cobrando progresivamente mucha importancia dentro de las políticas públicas, especialmente tras la aprobación de la Directiva 91/271/CEE relativa al tratamiento de aguas residuales urbanas, cuyo objetivo principal es que las aguas que se viertan a nuestros ríos, lo hagan de manera limpia y depurada.

De ello es consciente el Gobierno de Castilla-La Mancha que el pasado año aprobó un Plan de Depuración para el periodo 2014 y 2015, cuyo objetivo ha sido poner en marcha más de un centenar de depuradoras.

Pero conseguir este objetivo no ha sido fácil, especialmente por la situación que venía arrastrando la Comunidad Autónoma con depuradoras sin terminar, cientos de millones sin pagar a las empresas y dos procedimientos sancionadores abiertos contra el Reino de España por incumplimiento de la directiva relativa al tratamiento de las aguas residuales.

Aún así, al término de la legislatura, el Gobierno regional habrá puesto en marcha 116 depuradoras que beneficiarán a 250.000 vecinos de toda la región.

Sanear la financiación

De esta forma, en esta legislatura, se ha saneado la situación financiera de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, reduciendo en poco más de dos años su endeudamiento en 200 millones de euros, de los que 190 millones de euros se han destinado directamente a pagar las cantidades que se adeudaban a las empresas contratistas.

Sin embargo, ello no ha impedido que se hayan finalizado 48 estaciones depuradoras desde el inicio de la legislatura, lo que ha supuesto una inversión de 77,5 millones de euros, que están incluidos dentro de los 190 millones que se abonaron a través del Plan de Pago a Proveedores.

En concreto, en el periodo 2014-2015 se está interviniendo en 78 estaciones depuradoras, cinco en Albacete, nueve en Ciudad Real, 36 en Cuenca, 16 en Guadalajara y 12 en Toledo.

No hay que olvidar que los ajustes realizados por el Gobierno durante esta legislatura han obligado a priorizar las actuaciones. Por ello, se han primado los procedimientos sancionadores y de infracción que afectan a los municipios, el mayor grado de ejecución de las infraestructuras, así como el estado de depuración de estas provincias. Por ello, el mayor volumen de inversión se está produciendo en las provincias de Guadalajara y Cuenca. El ámbito de actuación incluye además de a los municipios mayores de 2.000 habitantes, a los pequeños, pues también tienen que cumplir la normativa.

Por ello, se ha fijado un tope máximo de canon de depuración, que no superará los 250 litros diarios por habitante o los 7,5 metros cúbicos por habitante y mes, «llueva lo que llueva o entre el agua que entre en las depuradoras», recordaba la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada. Una medida de la que ya se están beneficiando más de 130 ayuntamientos de Castilla-La Mancha.