La Generalitat dice que entregar ATLL a Agbar sería lo más cómodo

El consejero de Territorio de la Generalitat, Santi Vila, aseguró ayer que entregar la gestión de la compañía Aigües Ter-Llobregat a Agbar sería ahora la postura «más confortable» desde el punto de vista del Govern, puesto que «no tendría ni incidencias presupuestarias». En declaraciones a TV3, el consejero, que el sábado anunció que la Generalitat había decidido cumplir con lo ordenado por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (Oarcc), que la obligaba a revocar la gestión de ATLL al consorcio liderado por Acciona, aclaró, no obstante, que la decisión final no está tomada.

ATLL es la empresa que presta el servicio de abastecimiento de agua «en alta» (desde las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales) a Barcelona y su área metropolitana, y su privatización, valorada en 1.000 millones de euros,es la mayor de la historia de la Generalitat.

Precisamente ayer, Vila ordenó constituir la mesa de contratación que deberá decidir cuál de estas dos decisiones se toma finalmente: entregar la gestión de ATLL a Agbar, la otra empresa que se presentó al concurso, o bien convocar un nuevo concurso.

Vila admitió que para el Govern la posición más cómoda es la «sustitución automática» de una compañía por otra, que admitió que comportaría «atender el lucro cesante» que reclamará Acciona. Sin embargo, Vila a advirtió que la otra decisión posible es que se considerara que Agbar tampoco cumplía los criterios de adjudicación y se la excluyera, de forma que habría que abrir un concurso nuevo. Respecto a esta consideración, fuentes de Agbar negaron que la Oarcc apreciara algún incumplimiento del pliego de condiciones en la oferta que presentaron.

En caso de nueve concurso, Vila se mostró convencido de que se presentarían muchos competidores, a diferencia de lo que sucedió en 2012, cuando sólo hubo dos ofertas, ya que este contrato «interesa al conjunto de compañías del mundo» relacionadas con la gestión del agua, informa Efe.

«Los dos supuestos están sobre la mesa», aclarado Vila para dejar claro que Generalitat aún no ha tomado una decisión sobre el final del conflicto. La Generalitat se apuntó contablemente en 2012 los 1.000 millones euros en que estaba valorada esta operación con el fin de reducir su déficit de ese año, por lo que ahora este conflicto amenaza con tener repercusiones tanto sobre su déficit como sobre su tesorería, ya que, al dar marcha atrás en la privatización, deberá devolver los 300 millones que anticipó Acciona como primer pago. Por otra parte, Vila aseguró que la oferta de Acciona era la «mejor» para el bolsillo de los catalanes, ya que la de Agbar habría obligado a subir tarifas.

Preguntado por si toda esta privatización fallida restará credibilidad a la Generalitat ante los inversores, añadió: «Hemos procurado que se lesione lo mínimo». En cuanto al proyecto BCN World, aseguró que la decisión de Veremonte de no ejercer la opción de compra sobre los terrenos donde debe levantarse ese macrocomplejo de ocio «tiene que ver con la capacidad o no de movilizar suficientes recursos para hacer efectiva su opción de compra», aunque luego matizó que no conocía la «lógica empresarial» que guiaba las actuaciones de Veremonte.