Alaya destapa una red de funcionarios corruptos que cobraba sobornos

Los agentes de la Unidad de Delitos contra la Administración de la Unión Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha ejecutado a lo largo del martes la denominada 'operación Enredadera' –derivada de la 'operación Madeja'–, una redada que concluía con el arresto de 32 personas en trece provincias de siete comunidades autónomas. Uno de los arrestos se produjo en Algeciras. El Instituto Armado cree que los arrestados formaron una red de «funcionarios corruptos» que facilitaban la concesión de contratos públicos a la empresa Fitonovo a cambio de sobornos.

Las diligencias han estado dirigidas por la jueza del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. La mayoría de los detenidos son funcionarios públicos, aunque también figuran varios políticos.

Fitonovo es una de las empresas con las que mantenía relaciones el que fuera director del Área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla, Domingo Enrique Castaño, cuyo patrimonio personal ascendió de manera considerable y sin justificar después del concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de los terrenos de Mercasevilla.

Del informe patrimonial realizado sobre esta persona se dedujo que había recibido de la sociedad Fitonovo múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza como dinero o vehículos. Esto ya provocó que en julio y diciembre de 2013 se iniciasen nuevas investigaciones, registros y detenciones, entre otros, de responsables de esta empresa.

Una contabilidad paralela

Del análisis de la información incautada en aquella investigación, la Guardia Civil ha averiguado que la dirección de Fitonovo había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, «habilitando la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos» que les facilitaban dicha contratación. A su vez crearon una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos.

El administrador de la empresa Fitonovo, actualmente en concurso de acreedores tras la detención de sus propietarios por parte de la juez Alaya en la primera fase de la llamada 'operación Madeja', confesó ante la magistrada que desde 2003 a 2012 llegó a repartir hasta 700.000 euros entre políticos y funcionarios de distintas administraciones públicas y de todos los partidos.

Juan Antonio González Baro admitió que entre las administraciones públicas que también se beneficiaron de estas dádivas estaba el Ayuntamiento de Algeciras, cuando estaba gobernado por el PSOE.

En concreto se refería al pago en B a cambio de la adjudicación de las obras que «se llevaron a cabo en el antiguo polideportivo El Calvario», ahora convertido en un complejo en el que se ofrecen servicios de gimnasio, piscina cubierta, pistas de pádel, cafetería y otros, y que está explotado por la firma Body Factory, que está participada por la firma Fitonovo.

Mientras se ejecutaba la redada este martes, la jueza Alaya citaba a los empresarios de Fitonovo a los que les ha comunicado la ampliación de los delitos que les imputan. Durante la comparecencia, la magistrada ha hecho alusión a un supuesto pago de 85.000 euros que Fitonovo habría realizado a Antonio Miguel Ruiz Carmona, que fuera hasta 2011 vocal en la empresa pública Lipasam del Ayuntamiento de Sevilla y que se encuentra entre los detenidos.

Pagos en cajas de zapatos

Ruiz Carmona, que actualmente es representante de IU en la comisión municipal de comercio ambulante, desempeñó en la legislatura anterior el cargo de técnico asesor del Área de Infraestructuras para la Sostenibilidad en el anterior mandato cuando dicha área era responsabilidad del primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU). El pago al que ha hecho referencia Alaya se habría realizado en una caja de zapatos antes de las elecciones municipales de 2011.

23 detenidos en Andalucía

El grueso de los arrestos tuvo lugar en Andalucía, aunque la red extendió sus tentáculos a Canarias, Extremadura, Madrid o incluso Catalunya. Más allá del volumen de detenidos, lo que llama la atención es que casi todos tienen el mismo rasgo en común: funcionarios y personal técnico vinculado a los servicios de carreteras de la Administraciones Públicas y con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), y que por tanto estarían alejados de la primera fila.

De las 32 detenciones, 23 han tenido lugar en Andalucía, concretamente han sido arrestados 11 en Sevilla, 3 en Jaén, 4 en Córdoba, 3 en Huelva, uno en Cádiz y otro en Granada. Los demás detenidos han sido en Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria. Además, se han llevado a cabo una decena de registros, incluyendo la Diputación de Sevilla y la sede de la empresa Fitonovo en Canarias.

En Gran Canaria han sido detenidas dos personas: un delegado de la empresa Fitonovo en las islas, que tenía su sede en el municipio grancanario de Arucas y un exconsejero de Residuos, Actividades clasificadas y Emergencias del Cabildo de Lanzarote y actual portavoz de Coalición Canaria en la institución insular, Sergio Machín.

En Jaén ha sido arrestado el segundo teniente de alcalde del municipio de La Carolina, Cristóbal Pérez, que aglutinaba las concejalías de Servicios, Deportes, Festejos, Turismo, Comercio, Vivienda, Asociaciones No Vecinales, Relaciones Institucionales y Sanidad.

Los agentes de la Guardia Civil han realizado un registro en el que se han incautado de información relacionada con la empresa Fitonovo y se han centrado en el ordenador del detenido. El alcalde del municipio, Francisco Gallarín, ha explicado que el Consistorio carolinense ha tenido tres obras con la referida empresa; una de ellas, el césped artificial del campo de fútbol, en el mandato anterior y las otras dos, una pista de pádel y el patio de un colegio, en el actual.

Además en Jaén han sido arrestados un jefe del servicio de Infraestructuras de la Diputación Provincial y un técnico de Fomento. En Granada los agentes de la UCO han llevado a cabo el arresto de una mujer de 39 años, ex empleada de Fitonovo.

La Guardia Civil ha detenido también a Carlos Gamito, asesor jurídico de Fitonovo. También ha sido detenido un jefe de Sección de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura.

En Zaragoza hay dos personas detenidas. Se trata de un trabajador del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en la capital aragonesa y otro, ya jubilado. Por su parte, en Córdoba han sido arrestadas otras cinco personas.

Según la Benemérita, a los implicados se les atribuyen delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, contra la administración pública, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil o delitos contra la hacienda pública.