El conservador Marchena presidirá la Sala Penal del Supremo

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial designados por el PP auparon ayer al magistrado Manuel Marchena a la Presidencia de la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo. Su nombramiento estaba en todas las quinielas, habida cuenta de la mayoría con la que cuentan los conservadores en el órgano de gobierno de los jueces. Marchena obtuvo 12 votos por siete de su compañero en esta sala del Supremo, el ex fiscal general Cándido Conde-Pumpido, y un solo voto el también magistrado Miguel Colmenero.

Fiscal de carrera y de perfil conservador, Marchena llega así a uno de los puestos de mayor relevancia en el alto tribunal, ya que será el encargado de presidir la sala de admisión de las causas penales contra los aforados o coordinar en los próximos cinco años el trabajo de los 15 miembros que componen dicha sala (más los magistrados eméritos).

Este órgano, además, es el competente para juzgar a una gran parte de los aforados más relevantes, entre ellos el presidente del Gobierno, ministros, diputados o senadores, y se encarga de revisar en casación, como última instancia, las causas de los delitos más graves.

Marchena nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1958, se licenció en Derecho por la Universidad de Deusto, Bilbao, en 1981 con matrícula de honor y cuatro años después entró en la carrera fiscal por oposición. Tras muchos saltos y ascensos, en 2003 se convirtió en el fiscal de sala más joven de la historia y un año después entró en la Fiscalía del Supremo. En 2007 fue nombrado magistrado de la Sala Penal a propuestas de los vocales elegidos por el PP. Su gran baluarte fue el exportavoz del Consejo Enrique López, próximo a los populares.

Una carrera marcada

En la carrera de Marchena hay un nombre fundamental, Jesús Cardenal, ex fiscal general con el Gobierno de José María Aznar. Durante años fue su hombre fuerte como secretario técnico encargado de asesorar los grandes escritos de acusación. Uno de los episodios más polémicos fue el dictamen para evitar que se procesara al ministro popular Josep Piqué, acusado de fraude en el 'caso Ertoil' por sus actividades como presidente de la empresa Ercros, dedicada a la fabricación de armas y explosivos.

Poco después de ser nombrado magistrado hizo un sonoro voto particular en contra de los recursos de los policías condenados por el incidente del exministro José Bono y dos militantes del PP en Madrid. También votó a favor de la absolución del expresidentes de la Generalitat Francisco Camps por el 'caso de los trajes' y fue el ponente de la sentencia que condenó por desobediencia al expresidente del parlamento vasco Juan María Atuxa. Nació así la denominada 'doctrina Atutxa' en contraposición de la 'doctrina Botín'.

Además, fue el instructor de una de las tres causas abiertas al juez Baltasar Garzón, los pagos de los cursos de Nueva York, por la que fue absuelto por prescripción del delito de cohecho tras realizar durante una instrucción «prospectiva», según el condenado. Su próxima tarea será presidir la sala de admisión del 'caso de los ERE' fraudulentos en Andalucía.