UGT y CC OO cobraron siete millones sin prestar «ningún servicio», según Alaya

Los sindicatos UGT y CCOO cobraron entre 2001 y 2009 un total de 7,6 millones de euros de dos aseguradoras implicadas en los ERE fraudulentos de Andalucía pese a que «no prestaron ningún servicio efectivo», según la exposición razonada elevada por la juez Mercedes Alaya al Tribunal Supremo. Dicho texto, al que ha tenido acceso Efe, afirma que las mediadoras, con las sobrecomisiones que cobraban en cada ERE, pagaban a los sindicatos, de modo que estos «con dicha retribución facilitaban la culminación normalizada de los mismos, a pesar de ser entidades sin ánimo de lucro cuya esencia es la defensa del derecho de los trabajadores y la negociación colectiva».

Los sindicatos, mantiene Alaya, «no prestaban ningún servicio efectivo» a los mediadores pero, según un informe de la Guardia Civil, entre 2001 y 2009 habrían recibido retribuciones por parte de las aseguradoras Vitalia y Uniter por importe de 7.648.815 euros. Los sindicatos emitían facturas a las mediadoras por servicios no prestados y se limitaban «a revisar los cálculos actuariales» realizados por las agencias, sin que estas lo precisaran.

Una veintena de sindicalistas de UGT y CCOO se encuentran entre los 201 imputados por los ERE, encabezados por un líder estatal, José Luis Montesinos, secretario general de Fiteqa-CCOO, y un ex secretario general andaluz, Francisco Fernández Sevilla, de UGT-A. La juez instructora mantiene que los sindicatos cobraban entre el 1 y el 1,5 por ciento de la prima del seguro, «porcentaje muy sustancioso dado el elevado coste de los seguros, y que inclinaría la balanza hacia una u otra mediadora».

Según la Agencia Tributaria, «existen datos suficientes para concluir que el pago a los sindicatos existió en la época de José Antonio Viera como consejero de Empleo», dice Alaya en referencia a uno de los siete exconsejeros andaluces aforados que ha motivado la elevación del caso al Tribunal Supremo. Así, la entidad Temiqui, cuyo único socio es la Federación Estatal de Industrias Químicas de UGT, habría cobrado de Vitalia 177.820 euros, mientras que ITG, en la que el 100 % del accionariado pertenece a UGT, habría recibido 200.634 euros de Vitalia y de Uniter. Añade que esta práctica continuó con Antonio Fernández como consejero de Empleo (2004-2010) «y la imprescindible colaboración de la Consejería de Hacienda, cuyo titular pasaba a ser José Antonio Griñán» (2004-2009) y Francisco Vallejo como consejero de Innovación.

En su exposición al Supremo, Alaya afirma que «el pago a los sindicatos era indiciariamente de público y notorio conocimiento de la Consejería de Empleo» de la Junta debido al contacto tan estrecho que mantenían y que el pago de sobrecomisiones «sería conocido y autorizado por los máximos responsables del gobierno autonómico».