El juzgado reactiva la causa del desfalco y vuelve a citar a los nuevos imputados

El pasado 11 de julio ya fueron llamados por el juzgado los nuevos imputados por el desfalco de 7,8 millones de euros de la caja municipal del Ayuntamiento de San Fernando, para que declararan por primera vez en la causa penal abierta para esclarecer lo sucedido. Sin embargo, tuvo que ser aplazada, ya que una de las partes así lo solicitó, al no haberse notificado de manera oficial. Aunque la intención es la de reactivar el caso y ya hay nueva fecha para esta primera ronda de testificaciones. Será el 27 de agosto cuando se sienten ante la jueza instructora del caso y respondan a las preguntas tanto del nuevo fiscal encargado de llevar el proceso como de las diferentes partes.

Por el momento, lo que es seguro es que acudirán la mujer y suegra de Clemente Ruiz, el excajero en el que se centra la investigación de lo sucedido. En cuanto al resto de imputados, hasta ocho personas más relacionadas con una familia de origen marroquí muy cercana al matrimonio, se estudia la manera de hacerlo. En principio la mayoría se encuentran en su país de origen por lo que resulta más complicado tanto la localización como notificación y presencia ante la jueza.

Tendrán que responder a las acusaciones que se apoyarían en la segunda parte de la investigación policial, en la que se insiste en la relación entre estas personas y el que fuera encargado de la caja municipal. Estos lazos explicarían la desaparición de una gran cantidad de dinero. En un principio se habló de la mitad del dinero sustraído, que asciende a 7,8 millones de euros, aunque esa cifra se ha reducido y puede rondar en torno a los 2,5 y los tres millones de euros. Un dinero que se justificaría en diferentes inversiones, cuentas y bienes detectados por los investigadores.

Hay que recordar que la primera parte de la investigación se centró en el excajero, una vez fue descartado el resto del personal de Hacienda, tras las pesquisas económicas. En estos documentos también se evidenció la necesidad de que Clemente manejara una gran cantidad de dinero para solventar diferentes operaciones y transacciones. Un capital que el imputado asegura poder contrarrestar de forma sencilla y de acuerdo a sus negocios con la inmobiliaria, al salario que percibía y el sueldo de su mujer, así como otros tipos de ingresos.

Sería uno de los últimos pasos para proceder al juicio penal. Hay que recordar que el juicio contable por el robo en la caja de San Fernando se celebró a mediados de octubre de 2013, considerando el Tribunal de Cuentas que los hechos eran constitutivos de un delito de alcance en los fondos públicos.