Alaya también pide al Supremo la imputación de Zarrías y Mar Moreno

La jueza del caso de los ERE fraudulentos de Andalucía, Mercedes Alaya, ha ampliado sus sospechas sobre los cargos públicos que supuestamente participaron en la implantación de un sistema inadecuado para conceder ayudas al margen de cualquier control. Junto a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Grinán y cinco exconsejeros autonómicos de Economía, Hacienda y Empleo, en su escrito elevado al Tribunal Supremo la jueza ha incluido también sus sospechas sobre los exconsejeros de Presidencia Gaspar Zarrías y Mar Moreno, ambos destacadas figuras del socialismo andaluz.

Fuentes judiciales confirmaron que son nueve las personas aforadas contra las que Alaya acumula indicios por los delitos de prevaricación y malversación de cargos públicos que ya imputa a otros exconsejeros como Magdalena Álvarez. La vinculación de Zarrías con la trama vendría dada por su papel como hombre fuerte del Gobierno de Manuel Chaves, puesto desde el que, entiende la jueza, habría participado en la «decisión política» de implantar el sistema de ayudas al margen del procedimiento legal establecido.

El nombre del que fuera miembro de la ejecutiva federal del PSOE ha salido en varias ocasiones durante la investigación y ha sido vinculado al presunto conseguidor Juan Lanzas. Varios mensajes de teléfono y correos electrónicos que constan en el sumario apuntan a que era «el jefe» del exsindicalista. Las diligencias señalan también a Zarrías como la persona que abrió la puerta de las ayudas públicas a las empresas de José María Ruiz-Mateos.

La inclusión de Mar Moreno, aforada al igual que Zarrías, es más sorprendente, ya que fue consejera de Presidencia entre 2010 y 2012, periodo en el que la juez entiende que aún se mantuvo el sistema irregular de concesión de ayudas.

Reacciones políticas

La secretaria general del PP andaluz, Dolores López, exigió ayer al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que inste «con carácter urgente» a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a «dar explicaciones y asumir responsabilidades políticas» por los ERE -según recogen Europa Press y Efe-, después de que el Supremo recibiera de la jueza Alaya la investigación que afecta a los aforados.

López añadió que las responsabilidades son «indiscutibles» por unos hechos «irrefutables» que han llevado «a la elite del gobierno socialista al Tribunal Supremo». Según López dentro de esa «elite» hay «un pacto de silencio con un fin claro: no perjudicarse unos a otros», algo por lo que ha argumentado que la presidenta de la Junta «vale mucho más por lo que calla que por lo que dice». La dirigente popular afirmó que Díaz llegó a la presidencia de la Junta «por la corrupción» e ironizó calificando como «casualidad» que «sus dos padrinos políticos estén al borde del banquillo: José Antonio Viera, que le abrió las puertas del partido, y Griñán, que le abrió las de la Presidencia de la Junta». «¿Sabe usted qué va a hacer con ellos, señora Díaz?», inquirió López, que añadió que la presidenta andaluza ha estado «en las dos salas de máquinas en las que se ha fraguado el fraude de los ERE: en la sede del PSOE y en la de la presidencia de la Junta».

López se refirió también al papel de IU como socio de gobierno y acusó a la coalición de «servir de muleta desde el primer minuto» a los socialistas «poniendo el techo de las responsabilidades solo en los consejeros para salvar a los presidentes».

Por parte del PSOE, el secretario de Política Federal, Antonio Pradas, definió como «un paso lógico que llega tres años y medio después de iniciarse la instrucción» el hecho de que la jueza envíe al Supremo la exposición razonada «relativa a varias personas aforadas» en su instrucción del caso. Pradas valoró que Alaya ha hecho «por fin» lo que «todo el mundo, desde la Fiscalía hasta la Junta de Andalucía, venía reclamando» y, sobre todo, Griñán y Chaves, que han sido «señalados injustamente sin poderse defender» en este procedimiento y defendió la «honorabilidad» y la «presunción de inocencia» de ambos.

El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, exigió «respeto a la presunción de inocencia» de Chaves y Griñán, e invitó al PP-A a pedir responsabilidades políticas a su exsecretario general José Luis Sanz, «un fugitivo político que está siendo investigado por el Supremo». Cornejo recuerda que «no hay ningún aforado imputado en la causa» porque «la mera elevación del escrito razonado no es más que una consulta de la instructora para que el TS adopte la decisión que estime más oportuna».

Mientras, el diputado del PSOE Manuel Pezzi criticó que el PP «ya condene» a dirigentes socialistas «sin que el Supremo haya visto el expediente ni imputado a nadie», por lo que augura presiones al Alto Tribunal si no se les encausa. Pezzi, consejero de la Junta con Chaves, se preguntó: «El PP y sus medios ya condenan por los ERE sin que el Supremo haya siquiera visto el expediente ni imputado a nadie. ¿Adivinos o caraduras?» , y augura que «el próximo paso del PP será presionar al Supremo o descalificarlo si no hacen lo que a ellos les conviene políticamente con los ERE». «Lo veremos», subraya.