El exconsejero Antonio Fernández, de nuevo en el punto de mira de la magistrada sevillana

Antonio Fernández García, el primer exconsejero de la Junta de Andalucía encarcelado por un escándalo de corrupción, el de los ERE fraudulentos, es también pionero en el proceso abierto por el descontrol de las subvenciones para la formación de desempleados. Según publicó el pasado sábado ABC, la juez instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, lo ha imputado en las diligencias previas por las que investiga una supuesta malversación de fondos públicos de la Administración regional en la cual la magistrada investiga las subvenciones concedidas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) para el reciclaje del colectivo exDelphi; todo ello después de que la Fiscalía Superior de Andalucía remitiera dicha investigación a la Fiscalía de Sevilla. Fernández deberá declarar el 24 de octubre.

En el escrito de remisión de la investigación, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ponía de manifiesto sobre el Plan Formativo de los extrabajadores de Delphi, desarrollado en cuatro fases en las que se habrían concedido más de 52 millones de euros para formación, que se han «detectado numerosas irregularidades que entrañarían responsabilidad administrativa y contable» y que afectarían también a la Faffe.

Este procedimiento es paralelo a las investigaciones que lleva a cabo la UDEF para conocer el alcance de la supuesta estafa cometida por empresas creadas «ex profeso» para «cazar» subvenciones que deberían haber dedicado a contratar a alumnos, el llamado 'caso EDU'. La imputación de Fernández, que dirigió la antigua Consejería de Empleo entre 2004 y 2010 (a caballo entre los mandatos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán), se enmarca dentro de otra investigación que lleva a cabo la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla y la Guardia Civil. Mercedes Alaya trata de desentrañar la posible responsabilidad penal de cargos del Gobierno andaluz en la adjudicación, seguimiento y fiscalización de los fondos destinados a acciones formativas. La juez apunta en un nuevo auto a la cúpula de este departamento al imputar a su máximo responsable en la causa.

En un amplio informe remitido a la juez en septiembre de 2013, el Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil recoge las declaraciones en agosto de 2013 de un testigo clave para co-nocer la posible implicación de los responsables de la Consejería de Empleo en los hechos. Se trata de Teodoro Montes Pérez, responsable del Departamento de Gestión de Formación Profesio-nal Ocupacional de la Junta, quien denunció que las ayudas «se adjudicaran de manera arbitraria a determinados agentes sociales, fundaciones y empresas relacionadas políticamente, e incluso familiarmente, con altos cargos del PSOE-A, así como de la propia Junta». Su declaración figura en el sumario de las facturas falsas de UGT, un caso que inicialmente recayó en Alaya y después se derivó al juez de instrucción 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez.