SOS en los servicios sociales de Cádiz

En esta semana que está a punto de expirar se ha presenciado una nueva disputa política, la enésima, entre el Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía. En esta ocasión a cuenta del Plan Concertado que sostiene gran parte de los servicios sociales que prestan los municipios. La aportación de la Administración regional no ha llegado al Consistorio de la capital con la mitad del ejercicio transcurrido; algo que no es nuevo pero que el Gobierno local ha utilizado como pretexto para dejar de financiar en exclusiva esos programas. El Ejecutivo gaditano apela, como principal motivo legal, a la nueva ley de sostenibilidad de los ayuntamientos, aprobada por Madrid, que limita el uso de fondos municipales para la cobertura de gastos que son competencias de otras administraciones en aras de poner coto a los despilfarros en los Ayuntamientos. No ha habido diálogo entre la Administración local y regional y el resultado ha sido la salida de 24 trabajadores de la Delegación municipal de Servicios Sociales, dejando el área en una situación muy delicada. Estos empleados y los usuarios que acuden a estas dependencias como último recurso por su situación de emergencia social son las víctimas colaterales de una guerra entre gobiernos nada provechosa para la ciudadanía.

El colmo de este enfrentamiento estéril fue que en plena crisis por la salida de los trabajadores, la directora general de Servicios Sociales de la Consejería, Ana Conde, visitó la capital y pese a estar reunida en la misma sala con la concejala del ramo, Carmen Sánchez, no pudieron sentarse a buscar una salida conjunta. Desde el PSOE aseguran que la edil no cogió el teléfono y le dio esquinazo a la responsable regional.

La radiografía es clara. Los datos que tiene encima de la mesa la Junta de Personal del Ayuntamiento de Cádiz no dejan espacio a interpretaciones en positivo o a promesas basadas en la negación sistemática del adversario. Antes de que el pasado lunes los 24 trabajadores no fueran renovados, la plantilla que componía la delegación entre funcionarios e interinos ascendía a 70 personas; por debajo de las cifras que aportaban a vuela pluma los propios afectados por el recorte y que redondeaban en un centenar los empleados adscritos a esta área. Quiere decir, que con las cifras corregidas, la reducción de personal ha sido mayor, en torno al 34% .

Pero la situación puede empeorar, de continuar la política aplicada esta semana. Hay otros diez trabajadores, cuyo futuro laboral pende de un hilo con el precedente instaurado con las últimas salidas. Seis acaban contrato en noviembre y otros cuatro cierran ciclo en diciembre. Todos dependen de programas financiados por la Junta. La no renovación de este segundo colectivo dejaría a la mitad la plantilla (36 de 70 trabajadores). Mantener la misma atención y el ritmo de trabajo con la mitad de empleados parece una empresa imposible, pese a los anuncios políticos en sentido contrario.

En estos momentos y con la reducción ya ejecutada, los responsables de la delegación municipal trabajan en reorganizar los efectivos para cubrir los agujeros que se han abierto en una 'nave' con una carga de pasajeros excesiva. La atención ciudadana se vertebra a través de cuatro centros (La Laguna, Barriada La Paz, Hermanas Mirabal en la Segunda Aguada y Casco Antiguo) que se reparten la cobertura de la población por zonas geográficas. De estos centros dependen a sus vez las UTS (unidades de trabajo social), responsables de la apertura y seguimiento de los expedientes que se abren con cada demanda ciudadana, desde la petición de ayuda para el pago de los suministros básicos, el acceso a un alquiler social; pasando por los informes requeridos por los juzgados y Fiscalía para que se investigue, por ejemplo, si un menor está en situación de desamparo. «Los Servicios Sociales son una especie de cajón desastre donde va a parar casi todo. Esta área no sólo atiende a las víctimas de la crisis, sino también a los más débiles, como los menores o los enfermos que están desprotegidos. La población a la que sirve es mucho más grande que la que vemos haciendo cola en los comedores o en el Banco de Alimentos», explica el presidente de la Junta de Personal, Antonio Chico.

Unidades desactivadas

La reducción de personal ha provocado que de las diez UTS que funcionan, dos (una en el centro y otra en La Paz) estén desactivadas porque todo el personal está en la cola del paro en estos momentos; mientras que otras seis unidades funcionan al ralentí con la mitad de la plantilla. Desde el Colegio Profesional de Trabajo Social se advertía hace unos días que los usuarios ya venían sufriendo listas de espera de dos meses para ser atendidos y que hay centros que tienen que cerrar temporalmente el libro de citas porque no hay capacidad para atender a todos los usuarios. Ésa es la realidad que sufría la Delegación antes del tijeretazo, denunciada por un colegio cuya presidenta, Pilar Tubío, la conoce bien porque fue la coordinadora de los Servicios Sociales de la capital hasta septiembre del año pasado.

Como quieren hacer ver desde la Junta de Personal, la reducción de personal no sólo va a afectar a las personas que se encuentran en situación de emergencia social. De los 24 empleados cuyo nombramiento no ha sido renovado, nueve ejercían de trabajadores sociales, ocho de auxiliares administrativos y el resto son técnicos que atendían necesidades diversas. Así, por ejemplo, uno de los servicios que se ha resentido desde el lunes son los centros de día para personas mayores. En estas instalaciones se ofrecen a los usuarios actividades de ocio, salidas...; una oferta que enriquezca el tiempo de estos usuarios ancianos. El técnico que se encargaba de coordinar esta agenda de actividades es uno de los afectados por el recorte.

Frente a este diagnóstico profesional, está el diagnóstico político ofrecido el viernes pasado por el primer teniente de alcaldesa, José Blas Fernández, quien negó la saturación y que los servicios se vayan a colapsar porque más de un 30% del personal de la delegación ya no trabaje en ella. El concejal delegado de Economía volvía a responsabilizar en su intervención a la Junta por no haber hecho efectivo el pago del Plan Concertado y afirmaba que en lugar de pagar los sueldos a los 24 trabajadores, les iban a entregar los compromisos de la Administración regional.

El incremento de la demanda en los servicios sociales como consecuencia de la crisis es un fenómeno que están padeciendo organizaciones privadas como Cruz Roja y vinculadas a la Iglesia, como Cáritas, que han visto cómo ha crecido el número de familias que recurren a ellos en busca de una salida a sus necesidades más urgentes. Los propios datos que ofrece el Ayuntamiento de Cádiz son incapaces de maquillar el volumen de trabajo «tan gigantesco» al que se enfrenta a diario el área municipal.

La alcaldesa de Cádiz criticaba recientemente el Decreto de Inclusión Social promovido por la Junta de Andalucía, que incluye en teoría la financiación de un paquete de medidas para rescatar de la pobreza a los ciudadanos. Teófila Martínez describía la norma de «insuficiente» por la escasa dotación económica que, a su juicio, destina la Administración regional y descalificaba la intención de la Junta al referirse a la iniciativa como un simple «lavado de cara».

En esa comparecencia realizada a principios de junio, Martínez hablaba de las 1.250 familias que habían accedido a un alquiler social en 2014; las 182 que habían recibido una vivienda tras la valoración de los Servicios Sociales desde el inicio de 2013 y la última polémica adjudicación de Matadero o las 1.450 familias que el año pasado habían obtenido ayudas para el pago de los recibos de luz y agua.

Para los próximos dos meses, las UTS han dado cita a 750 vecinos y en un año, las unidades pueden atender, tomando como referencia este dato, a más de 4.500 usuarios. Números que argumentan por sí solos el SOS lanzando desde una delegación convertida en el cordón sanitario que aísle al gaditano de la miseria más inhumana y de la injusticia social.

Una etapa muy conlvusa con presiones y salidas

Las aguas corren turbias desde antes del mes de diciembre, fecha en la que se renovó por última vez a los 24 trabajadores que el lunes dejaron su puesto en la Delegación municipal de Servicios Sociales. En septiembre abandonaba la coordinadora su puesto por discrepancias con las responsables políticas de su área. Su salida fue como la caída de una ficha de dominó. A su dimisión le sucedieron las renuncias de las cuatro directoras de centro. En ese ambiente, se filtraba una carta de apoyo de casi la totalidad de la plantilla en defensa de la labor ejercida por Tubío y dando pistas del motivo de su abandono: se habían producido injerencias políticas en los criterios de selección de las familias adjudicatarias de viviendas de Matadero. La Fiscalía recibió una denuncia y ha visto material suficiente para que un juzgado abra diligencias.

En ese contexto convulso, llegado el mes de diciembre, los 24 trabajadores afectados por el recorte vieron que sus contratos no se renovaban por un año, como venía siendo habitual, sino por seis meses. El PSOE ya habla de purga en el departamento municipal porque insiste que la Junta tiene la partida económica aprobada y a falta sólo de fiscalización. «El Ayuntamiento tiene la seguridad de que se contará con los fondos de todos los años; lo que nos lleva a preguntarnos cuál es el verdadero motivo de los despidos», afirmaba ayer el portavoz del grupo municipal del PSOE, Fran González.