La viuda de un hombre que se suicidó por su hipoteca reclama la propiedad de un piso

Puede ser un segundo, un mes, una llamada o una decisión. Es impredecible. Lo único cierto es que hay instantes definitivos que cambian el devenir de las vidas para siempre. La de Rosario Peña y sus seis hijos cambió radicalmente en la media noche del lunes 20 de mayo de 2013. Ese día ella y su hijo Samuel recibieron una llamada de su marido y padre con el siguiente mensaje: «No puedo seguir con esto». Al llegar a su finca en Pelagatos, descubrieron el cadáver sin vida del chiclanero de 53 años. Miguel Carrillo decidió acabar con todo, asfixiado por una deuda de más de 163.000 euros, el mismo día que el banco le apremió, en una carta, a pagar ese montante atrasado de la hipoteca en el plazo de dos días.

Tras unas gafas de sol, su viuda, Rosario Peña, recuerda el desgarrador hecho un año después. Recia en el gesto, rota de dolor por dentro, «llena de rabia» por fuera, Peña habla de su caso en la misma puerta de la sucursal bancaria a la que acudió en vida de su marido «muchas veces a reclamar una solución a la situación». Pero el remedio «llegó tarde», concretamente el 27 de mayo de 2013. Una semana después de la muerte de Carrillo, el banco le ofreció una solución: la dación en pago de su casa y un nuevo alojamiento.

Un año después, Peña resume su versión con una crudeza radical: «Después de la terrible muerte de mi marido me prometieron algo que no me han dado». Vive en un alquiler social que finalizará el año próximo, proporcionado por la entidad. Pero Peña va más allá: «Me prometieron una vivienda escriturada a mi nombre». Lo asegura en la sucursal del banco en la que, acompañada de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ayer hizo entrega un documento en el que reclamaba el cumplimiento de esa promesa.

De hecho, el 27 de mayo de hace un año firmó con el banco el citado arrendamiento social: «Sin embargo, ese alquiler lo considero nulo porque se realizó en un momento de vulneración emocional». De hecho ni ha llegado a pagar el alquiler. «Si lo hago es como aceptar un acuerdo que se hizo cuando yo no estaba en condiciones». Por ese motivo, reclama lo que le «prometieron verbalmente», no lo firmado. Sin embargo, la entidad bancaria desmiente a este medio haberle ofrecido una casa en propiedad, sino la dación en pago y el alquiler por dos años. Precisamente, la dación no ha llegado aún a materializarse, debido a que sobre la finca pesaba un embargo de otra entidad y había que realizar la testamentaría.

Pero una vez superado ese trámite, Peña se negó a seguir con las negociaciones hasta que el banco no solventara la propiedad de una nueva vivienda. «Dos de mis seis hijos viven conmigo, yo tengo un 66% de minusvalía y no puedo estar pensando que si mañana me pasa algo qué será de ellos», reconoce. Reclama una solución permanente a su situación, sobrevenida tras la muerte de su marido y de la que culpa al banco.

De hecho, de forma paralela al requerimiento realizado ayer, Peña mantiene abierto un proceso judicial contra la entidad por «acoso y daños morales». Dicho proceso ha sido archivado, pero la familia lo ha recurrido. «Iré donde tenga que ir, al tribunal Europeo si es necesario». A su favor cuenta con los informes psicológicos en los que reza que su marido «decía que debido al acoso financiero se iba a ahorcar». Mientras, en lo personal reconoce haber vivido un calvario: «Toda la familia está en tratamiento psicológico y mi hijo de 15 años se intentó suicidar». Sin embargo, Peña, a la espera ahora de una respuesta del banco, no contempla cejar en su objetivo: «No sé de dónde saco la fuerza pero la tengo, por mi marido y mis hijos».