Pilar Sánchez desoyó las advertencias y usó el Plan E para pagar nóminas

La segunda sesión del juicio que se sigue contra la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez (PSOE), sirvió para que la defensa volviera una y otra vez sobre el mismo argumento: el desvío de fondos que autorizó la acusada para pagar la nómina en 2010 y 2011 se debió a una emergencia extrema financiera y había voluntad de reintegrar el dinero. Pero también dos testigos claves pusieron en evidencia a la exregidora, desmintiendo partes de la declaración que había ofrecido el día anterior.

Una decena de técnicos y trabajadores municipales estaban citados ayer. Pero la atención la acaparaban el interventor que entonces ocupaba esa función durante el mandato de la socialista en 2007-2011 y el aún tesorero del Ayuntamiento. Los dos se ratificaron en los informes que redactaron advirtiendo a Sánchez que se iba a disponer de unos fondos para unos fines que no estaban autorizados. El Estado había concedido a Jerez 17,7 millones para la ejecución de 37 proyectos de inversión local con el objetivo de crear empleo al amparo del Plan E. Además, el Consistorio obtuvo otros 3.050.000 millones del Ministerio de Cultura para la construcción de la Ciudad del Flamenco a través de un programa distinto. Ambos técnicos negaron que autorizaran verbalmente o por escrito el desvío de fondos.

Estas afirmaciones contradicen la versión de Pilar Sánchez, que se enfrenta a una pena de tres años de cárcel y al pago de 8,6 millones (dinero de las subvenciones que quedó pendiente de reponer tras perder la Alcaldía). La exprimera edil afirmó que esa medida de urgencia, ante la grave situación financiera del Ayuntamiento, se tomó en un gabinete de crisis en el que estaban presentes los dos testigos.

Siete millones en sueldos

El letrado de la defensa trató de compensar esas contradicciones insistiendo una y otra vez en preguntas sobre la obligación que tenía la alcaldesa de pagar la nómina municipal (que suponía un gasto mensual que rondaba los siete millones de euros) y en el clima de presión «intensa» que ejerció la plantilla para que no se produjeran atrasos en los cobros.

Si bien, tanto tesorero como interventor zanjaron la reinterpretación que desde la defensa se había hecho a sus propios informes. La exalcaldesa había asegurado que dejaban abierta la puerta a la disposición de esos fondos siempre y cuando se repusieran. Los dos explicaron que la norma y el convenio no lo permitían y que así lo dejaron por escrito.

A favor de la acusada, los dos trabajadores municipales sí manifestaron que había intención de reponer los 9,7 millones sacados de la cuenta del Plan E y los 3 millones de la inversión para la Ciudad del Flamenco, aunque no había un plan fijado para ello.

La defensa, al comprobar que los dos testigos confirmaban, como habían hecho en instrucción, que su cliente había desoído sus advertencias, les preguntó si sabían que la alcaldesa podría incurrir en delito al utilizar el dinero de subvenciones para el pago de gastos corrientes. Ambos declararon que desconocían que esas operaciones pudieran tener consecuencias penales.

El tesorero, ante las continuas preguntas de la defensa que trata de demostrar que su cliente no sabía que pudiera estar cometiendo un delito, fue taxativo afirmando que su competencia era alertar de que se estaba contraviniendo «una norma con rango de ley» y que así lo hizo.

Otros testigos que comparecieron ayer fueron los técnicos encargados de los proyectos de inversión subvencionados por el Plan E. Algunos de estos trabajos tuvieron que ser pagados finalmente con una línea de crédito ICO que solicitó el Gobierno local de García-Pelayo (PP) cuando llegó a la Alcaldía y se encontró sin liquidez. El tesorero también confirmó la radiografía financiera que el día antes había realizado la actual regidora, que explicó cómo se había cerrado la posibilidad de anticipos o de préstamos bancarios por la situación de quiebra.