Alaya vuelve a imputar a los exdirectores de Presupuestos y les cita a declarar de nuevo

Como era previsible la jueza Mercedes Alaya ha vuelto a imputar en el caso de los ERE (expedientes de regulación de empleo) fraudulentos a los exdirectores generales de Presupuestos de la Junta Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera. La Audiencia Provincial de Sevilla anuló hace tres días la imputación primera, recogida en el auto de Alaya del 28 de junio del pasado año, por «falta de concreción» y «motivación» de los hechos punitivos.

La Audiencia reprochó a la jueza que basara la acusación de Lozano y Aguilera en el simple «dato objetivo de haber ostentado sucesivamente el cargo de director general de Presupuestos». Alaya, lo mismo que hiciera con Magdalena Álvarez, ha firmado otro auto en el que ahora sí relata los hechos por los que les inculpa y cita de nuevo a declarar a los excargos de la Junta, esta vez para el próximo día 12 de mayo. En la nueva comunicación Alaya recuerda que cuando citó a declarar a ambos el día 19 de septiembre les leyó un relato de las acusaciones.

Alaya insiste en la teoría de la confabulación de los altos cargos de las consejerías de Hacienda y Empleo para el uso de un procedimiento bastante común en la administración, el de las transferencias de financiación, para el pago de las ayudas sociolaborales a través de la agencia pública IFA, luego IDEA, método que la jueza considera ilegal pues las ayudas escapan al control previo de la Intervención y fue lo que motivó el fraude del dinero público.

Por ello acusa a Lozano de ordenar «ilícitamente» la inclusión de las transferencias de financiación en los presupuestos de la Junta para el pago de las ayudas y de incluir modificaciones presupuestarias -que también considera ilícitas- por importe de 57 millones de euros durante los años que fue director general de Presupuestos (2002-2009).

«Lo que se pretendía por el inculpado, en connivencia con otros, era conseguir un sistema fácil para la concesión de ayudas sociolaborales, de forma que bajo el argumento de la agilidad y de la paz social, se otorgaran las citadas subvenciones de espaldas a la Intervención y a cualquier control, vulnerando los principios de objetividad, libre concurrencia, publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación», dice.

En el caso de Aguilera, la jueza dice que conoció el «ilegal uso de las transferencias de financiación» cuando fue jefe de servicio de Seguimiento, Evaluación y Política Presupuestaria desde el 21 de octubre de 2003 al 28 de abril de 2009.

Luego, ya como director general de Presupuestos (2009-2012), añade que se intentó dar una «apariencia» de cambio con otro procedimiento, el de las encomiendas de gestión, pero en realidad, «se decidió continuar con el mismo sistema de no tramitar subvenciones y de no fiscalizar las mismas». Como prueba, Alaya aporta que Aguilera no comunicó el cambio en la reunión de técnicos para analizar los programas presupuestarios en el verano de 2010.