Economia

Pescanova entra en su última encrucijada sin acuerdo entre la banca y los principales socios

Mañana vence el plazo para resolver el convenio de acreedores, aunque el grupo Damm y el fondo Luxempart han urgido un aplazamiento postrero

MADRID. Actualizado: Guardar
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Casi un año después de que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra declarara el concurso de acreedores de Pescanova tras estimar «acreditado su estado de insolvencia», la multinacional alimentaria está a punto de entrar en su última encrucijada, la que será definitiva para su continuidad -aún con complicaciones financieras- o su liquidación en último término. No obstante, esta segunda posibilidad parece descartada de antemano salvo un vuelco imprevisto.

Así lo aseguran fuentes de la propia banca acreedora, que tiene la sartén por el mango al sumar más de tres cuartas partes del pasivo que arrastra Pescanova (74%), cuantificado en 4.218 millones de euros por la administración concursal en el balance publicado a finales de diciembre, aunque sin cerrar los datos de 2013. Su distanciamiento con la única propuesta de convenio presentada formalmente, que representan la cervecera Damm (segundo máximo accionista, con el 6,2%) y el fondo Luxempart (tercero, con el 5,8%), resulta más que evidente.

Y eso que cuando llegó al juzgado a principios de marzo parecía contar con el visto bueno de las entidades financieras. El problema, esgrimen éstas, es que del dicho al hecho terminó habiendo un gran trecho -«difícilmente salvable», añaden-, puesto que Damm y Luxempart variaron en el papel algunas condiciones esenciales pactadas con la banca. Por ejemplo, los primeros se reservaron un derecho de veto pese a que sólo contarían con un 30% de las acciones tras su transformación en la Nueva Pescanova.

La principal diferencia, no obstante, es económica, como se podía esperar. Damm y Luxempart pretenden una quita del 90% a la que no están dispuestos los acreedores financieros, que han puesto el listón en el 70%. Por encima de esa frontera no habrá acuerdo, han venido insistiendo los bancos durante las reuniones bilaterales de las últimas semanas, que concluyeron el viernes sin apenas avances.

Los principales socios de Pescanova aceptan bajar la quita a ese nivel, aunque de nuevo su compromiso es meramente verbal y no se oficializa por escrito. Y es ahí donde la banca no quiere cometer, de nuevo, el mismo error y pecar de confiada. Pretenden que todo quede bien detallado, es decir, que la quita se limite a un tope cercano a los 2.250 millones de euros, mientras que el pago de los 1.000 restantes debería ser avalado por la empresa.

Cómo recuperar el dinero

Ahora bien, otra de las claves aún sin cerrar es cómo se devolverían esos 1.000 millones. Los principales acreedores -Banco Sabadell (227 millones de euros), Banco Popular (182), Caixabank (178) y BBVA (105)- quieren que la mayor parte de esa suma se incluya en la llamada deuda senior, que es de mayor calidad y se paga en primer lugar. De hecho, tienen su abono asegurado, mientras que la junior -donde están, por ejemplo, los 147 millones de Novagalicia- puede ser canjeada por acciones u otros activos.

Es decir, que el dinero que realmente llegarían a reembolsarse las entidades financieras sería el de la deuda senior. Por eso, su pretensión es que esa parte no baje de los 700 millones, casi el doble de lo que ofrecían Damm y Luxempart, cuyo problema es que sin la banca -o, al menos, una parte estimable de ella- no podrá alcanzar el 50+1% de aceptación que la Ley Concursal exige para aprobar un convenio de acreedores.

Por eso, y en una acción casi a la desesperada, el consejo de administración de Pescanova -que preside Juan Manuel Urgoti, promovido por Damm y crítico con las entidades financieras- pidió el viernes pasado un aplazamiento postrero de 10 días hábiles más al juzgado mercantil, que había dado de plazo hasta mañana para cerrar ese convenio. En caso de no obtener los apoyos requeridos, se entraría en la fase de liquidación y es ahí donde los cinco bancos citados -más el italiano UBI- entrarían con su contrapropuesta.

Es lo que se conoce legalmente como convenio de asunción, una solución intermedia que permite mantener tanto la actividad industrial como el empleo de la empresa en situación de quiebra, asumiendo el control -también de los activos- los acreedores para refundar la compañía y reflotarla. Las entidades financieras capitalizarían en torno a 2.250 millones de deuda -lo que les daría una mayoría accionarial holgada- e inyectarían 115 millones, frente a los hasta 150 que habían prometido invertir Damm y Luxempart.

El grupo cervecero de la familia Carceller esgrime que sin ellos no habría proyecto industrial en Pescanova. La banca, sin embargo, maneja varias alternativas: desde un equipo gestor con el actual administrador concursal, Senén Touza, hasta una alianza con el grupo Iberconsa, la tercera empresa española de pescado congelado.