La Audiencia ordena una demolición en El Puerto que fue decretada hace cinco años

Una sentencia que dicte la demolición de una construcción ilegal puede quedar sin ejecutar durante años. Esta tardanza en que se haga efectiva una decisión judicial ya ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por la Fiscalía de Cádiz, que en más de una ocasión ha hecho recuento de las órdenes judiciales que se acumulan en los juzgados sin que se lleven a efecto.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial acaba de abordar un asunto que fue sentenciado en 2009 por ese mismo órgano judicial. Pero los condenados han mantenido en pie la propiedad durante este tiempo, a la espera de que la parcela fuera regularizada.

En febrero de 2009, el juzgado de lo Penal nº 3 de Cádiz ordenaba la demolición de una construcción ilegal en el extrarradio de El Puerto. Meses después, la Sección Primera de la Audiencia confirmaba esta decisión y la sentencia pasaba a ser firme. Sin embargo, los años transcurrieron y los dos condenados no acometiera la orden dada por un juez en primera instancia y un tribunal de la Audiencia, en segunda.

En 2012, el pleno de magistrados de la Audiencia Provincial, ante los procedimientos abiertos por varios ayuntamientos para modificar sus planeamientos de ordenación urbana con el fin de regularizar las bolsas de viviendas ilegales, acordó que se quedarían sin efecto las órdenes de demolición que afectaran a construcciones que habían sido legalizadas a partir de los nuevos PGOUs. El criterio de los magistrados establece que la aprobación debe ser definitiva y con plena vigencia normativa, sacando de esta excepcionalidad aquellas viviendas que se encuentran en una fase intermedia, con una previsión futura de legalización.

Sin embargo, los dueños de la edificación, que ya había sido condenada por dos veces a la pica, volvieron a recurrir ante el juez de lo Penal apelando a ese acuerdo de la Audiencia y pidiéndole que investigara en qué situación estaba su caso. Señalaban el proceso iniciado en El Puerto que recientemente ha estrenado nuevo PGOU.

La respuesta judicial fue la misma. Una vez más, el juzgado condenaba a la demolición en febrero del año pasado. Y ahora la Audiencia acaba de dictaminar por segunda vez que se tire lo construido porque la parcela se encuentra en un proceso de regularización que no ha concluido. Cinco años después y tras cuatro sentencias en contra, los condenados deben ejecutar la decisión judicial. Si en mayo no se ha materializado, el Ayuntamiento deberá hacerlo de forma subsidiaria.