Balance de claroscuros

La liquidación de las cuentas públicas correspondientes a 2013 ha mostrado que el déficit del conjunto de las administraciones españolas alcanzó el 6,62% frente al 6,50% renegociado con Bruselas, ello sin tener en cuenta la aportación asignada a la reestructuración bancaria, cuya contabilización situaría el desfase presupuestario del último ejercicio por encima del 7%. La administración central ha sido además la más incumplidora con un déficit de 4,33% frente a un objetivo de 3,8%. Destaca también que seis comunidades autónomas no han cumplido con el objetivo de déficit fijado para ellas, y el creciente desequilibrio que durante la crisis se ha dado entre el descenso de afiliados y el incremento de los pensionistas de la Seguridad Social. Pese a ello, el ministro Cristóbal Montoro se mostró ayer razonablemente satisfecho y el Gobierno redondeó su satisfacción tras constatar que la contención del déficit ofrece mejores resultados en los dos primeros meses de 2014 gracias al incremento de la recaudación a cuenta de una recuperación todavía incipiente. Pero hay cuestiones que el Gobierno no puede orillar. El desequilibrio actual y a medio plazo entre la creación de nuevos empleos y el imparable aumento de los beneficiarios del sistema. La tensión que surge de un reparto asimétrico de los objetivos de déficit entre las distintas comunidades autónomas cuando incluso así responden de manera desigual a las obligaciones asumidas. La carga que suponen para el erario sectores estratégicos de la economía, que pueden ir desde el sistema financiero a la energía o a las autopistas. Y la propia renuencia a redimensionar la Administración central y sus obligaciones en el Estado autonómico. La liquidación de las cuentas públicas de 2013 permite una lectura moderadamente optimista, a la espera de que la reactivación genere cotizaciones y recursos tributarios suficientes como para enderezar el rumbo. Pero, a pesar del período electoral en que nos adentramos, los gestores de las finanzas públicas deberían salirse del guión partidario para recuperar el crédito que las instituciones han perdido en el terreno de la economía y de los efectos sociales de la crisis.