Un frente común para evitar el cierre en falso de la investigación

Los partidos de la oposición en el Pleno municipal junto a los representantes locales de otras formaciones que están fuera del Consistorio como UPyD y PA quisieron mandar una fotografía de unidad a la ciudadanía y, sobre todo, a la alcaldesa, en torno a un tema con el que pretenden hacer un frente común: el 'caso alumbrado'. Los temores fundados de que este asunto se cierre en falso motivaron ayer una reunión de los portavoces del PSOE e IU con el coordinador de la formación magenta y el secretario local de los andalucistas en el Hotel Barceló. Al término del encuentro, el dirigente socialista Fran González detalló lo que van a ser sus demandas en el Pleno Extraordinario que han solicitado para abordar el presunto tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos: «Seguiremos insistiendo en la creación de una comisión porque queremos saber qué sucedía allí. También le exigiremos al Ayuntamiento que se persone como acusación en el procedimiento judicial y que se nos remita los informes de los expedientes que están bajo sospecha».

A estas demandas, González le pide al Consistorio que no «haga dejación de funciones ante un conjunto de irregularidades que podrían estar cometiéndose desde hacía años».

Terrada, que le siguió en el turno de palabra, recordaba: «lo lívido y nervioso que se puso José Blas Fernández como presidente de la Mesa de Contratación que no hizo caso al recurso especial que interpuso IU contra la adjudicación del alumbrado que ahora se investiga». El portavoz de la formación de izquierdas pidió «un ejercicio de transparencia política»; un mensaje muy similar al que articuló el nuevo coordinador local de UPyD, Felipe Marín Mariscal, quien se estrenaba en su primera rueda de prensa desde que asumió su nueva responsabilidad. «La ciudadanía está cansada de que no se le dé explicaciones, que sólo cuenten con ella cada cuatro años; por eso vamos a apoyar estas iniciativas que buscan más transparencia». Crítico también se mostró el secretario local del PA, José David Sánchez de Medina: «Presuponemos que no hay mucho interés en saber qué se hace con el dinero público».

La prescripción

Otra de las dianas de este nuevo frente común político es el riesgo de que el juez que instruye la causa, el titular del nº 2 de Cádiz, archive el asunto por prescripción de los delitos. La posible prescripción fue planteada ayer por varios medios de comunicación como el próximo movimiento que ejercerían las defensas. Si bien, a día de hoy sólo uno de los cuatro imputados cuyo interrogatorio fue solicitado por la Fiscalía ha pasado por el despacho del juez. Se trata de Germán Molina, quien declaró el pasado diciembre. El exdirector municipal y principal figura en la trama denunciada por un antiguo trabajador de una concesionaria. Este extécnico que abandonó su cargo por jubilación en junio del año pasado le entregó un escrito al juez donde resume su defensa y cuyo contenido fue difundido ayer por este medio. En esencia, Germán Molina niega ser quien manejaba las adjudicaciones de contratos a su antojo para que se beneficiaran empresas amigas. Y subraya que en cualquier caso, la última palabra a la hora de elegir a las empresas concesionarias la tenía la Mesa de Contratación; es decir, el Ayuntamiento.

El PSOE se personó en la causa el jueves de la semana pasada; si bien el juez le comunicó el martes al letrado del partido que no había recibido oficialmente el escrito. Y por tanto, no podía aún participar activamente en las diligencias que se enmarcan dentro del caso. Ese día estaba previsto que declarara como imputado la persona que promovió la denuncia contra Germán Molina. Sin embargo, el instructor suspendió la sesión. El portavoz socialista anunció ayer que presentarán «cuantas alegaciones sean posibles» para evitar que se cierre la investigación.