El Supremo justifica que las cinco grandes eléctricas asuman el déficit tarifario

Derrota clara de las cinco grandes eléctricas en los tribunales, aunque sus efectos no pasarán de ser morales, en forma de respaldo a las tesis defendidas para la reforma del sector por el ministro de Industria, José Manuel Soria. En una sentencia notificada ayer, el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo -hasta 36 magistrados estudiaron el caso varios meses para tomar una determinación- ha justificado que sean esas compañías -Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa, E.ON y HC (Hidrocantábrico)- las que asuman los costes del déficit tarifario.

Nada de descargar parte de esa factura en las compañías de energías renovables, por más que algunas de éstas hayan contribuido en buena medida a ese agujero. El alto tribunal considera que dado que ellas son las «principales operadoras» y, al mismo tiempo, «representan la práctica totalidad» del mismo, resulta lógico que el Estado cargue en ellas el desfase entre los ingresos y los costes de «un sistema del que se han beneficiado y a cuya definición han contribuido», por más que aquel supere en la actualidad los 26.000 millones de euros.

«Aunque el legislador hubiera podido optar por otra forma de afrontar» ese déficit, admiten los magistrados, «ninguna dificultad hay en reconocer que la decisión política» adoptada por el Gobierno -que se mantiene desde 1997- «descansa en unos hechos indubitados» como, por ejemplo, la «muy singular» posición que poseen en el sector eléctrico los cinco grupos citados.

«Tal relevancia» -prosigue la sentencia del Supremo-, a la que son «externas» el resto de empresas, es precisamente «la misma razón que justificó en su momento que se les reconociera el derecho a percibir la compensación por los CTC (costes de transición a la competencia)», una suma millonaria de la que únicamente ellos sacaron provecho. Rechaza, asimismo, el alto tribunal que el reparto de ese déficit entre dichas eléctricas infrinja su derecho a la igualdad, recogido en el artículo 14 de la Constitución. Considera para ello que la obligación de financiar el déficit «persigue un fin legítimo, es funcional y adecuada y no comporta una diferencia de trato desproporcionada».

Para zanjar la cuestión, el Supremo asevera que las propias grandes eléctricas «no son enteramente ajenas a la creación del actual déficit que es menester financiar». Más aún, considera que lejos de causarles pérdidas en sus resultados les otorga beneficios a medio y largo plazo. Y es que si bien «se les exige un adelanto de determinadas cantidades para financiar los desajustes en las liquidaciones de las actividades reguladas del sistema eléctrico», también obtienen los intereses correspondientes a través del sistema de titulización actual, amén de recuperar todas las sumas abonadas.

Sin efectos prácticos

De hecho, desde las propias compañías -respecto a las que los magistrados insisten en que financiando el déficit «también actúan en su propio provecho»- se reconoció ayer que la sentencia no tendrá efectos prácticos sobre sus cuentas. Y es que su queja, que les ha llevado a recurrir -primero ante la Audiencia Nacional y luego ante el Supremo- los sucesivos decretos tarifarios aprobados por el Gobierno desde 2011, pretendía que se les reconociera el desajuste de los últimos años.

Una vez que el agujero de 2012 está ya titulizado a través del Fondo de Amortización de la Deuda Eléctrica, su reclamación se centra ahora en el déficit de 2013, que prevén supere los 4.000 millones de euros. Una vez que la partida presupuestaria (de 3.600 millones) que lo iba a financiar ha sido eliminada del proyecto de cuentas públicas para 2014, el recurso a nuevas emisiones (con la garantía del Tesoro) colocadas entre los mercados y las entidades financieras parece seguro. La propio Ley del Sector Eléctrico, de inminente aprobación, prevé que sean las grandes compañías del sector las que asuman el desfase.

Mientras, el alto precio de la electricidad -fuentes del sector apuntan una nueva subida de hasta el 9% en enero, que el Gobierno trata de mesurar y repartir a lo largo del año- ha llevado a muchas empresas a «detener la producción», según ha denunciado la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE). Se queja de que el diferencial del precio de la luz respecto a Alemania se aproxima ya l 60%, hasta 30 euros por megavatio/hora (MWh).