Bárcenas el pasado abril, durante una comparecencia en los Juzgados de Plaza de Castilla. :: J. GARCÍA
ESPAÑA

El PP reclama medio millón a Bárcenas por denigrar a sus votantes con los papeles

El abogado del partido afirma en el juicio por la demanda contra el extesorero que no es delito cobrar sueldos o recibir donaciones en B

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El PP trató ayer de hacer un juicio a medida en la demanda civil que, como persona jurídica, puso contra su extesorero Luis Bárcenas por la publicación de los papeles con la «indiciaria» contabilidad B del partido. La estrategia era evitar a toda costa el tremendo desgaste público que generó el primer mano a mano del imputado con la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Pero la pretensión de no repetir aquella vista celebrada en octubre en Toledo se cumplió solo en parte.

El reencuentro entre el PP y Bárcenas, esta vez en la figura de su abogado Javier Gómez de Liaño, fue en el Juzgado de Primera Instancia número 83 de Madrid. En esta ocasión las parte demandante, el partido de Mariano Rajoy y a título particular los exministros Rodrigo Rato, Federico Trillo, Ángel Acebes y Javier Arenas, rechazaron los días previos repetir la suerte de careo como el que mantuvieron Cospedal y su archienemigo, por lo que al final no hubo interrogatorio a los protagonistas.

Así, la demanda la dirimieron los abogados de las partes, que solo se vieron las caras en la prueba documental del juicio. No hubo cámaras ni audio en la sala porque el juez David Rodríguez lo prohibió en las cuestiones previas después de escuchar a las partes. Y suerte que hubo medios de comunicación porque el abogado del PP, Alexis de Godoy, el mismo que defiende al partido en el 'caso Bárcenas' de la Audiencia Nacional, también reclamó que no entraran los profesionales por tratarse de «elementos extraños» en una vista oral. Pretensión que, como es lógico, fue rechazada.

Resueltas las alegaciones, comenzó el juicio y el defensor del PP centró su demanda en el grave perjuicio que ocasionó a la formación conservadora la publicación de los documentos secretos de Bárcenas. Y, por ende, a todas aquellas personas que aparecían apuntadas en aquellos «papeles aprócrifos», como apuntó Rajoy tres días después de que el diario 'El País' difundiera la supuesta contabilidad B, el 31 de enero pasado.

Papeles «malintencionados»

Esos papeles «constituyen unos hechos gravísimos que provocaron un monumental escándalo, cuyo efecto expansivo se transmitió por medios de comunicación nacionales e internacionales», argumentó el abogado del PP después de recalcar el «daño profesional y personal» que sufrieron los demandantes tras la aparición de «una información malintencionada, insidiosa e interesada» que afectó a su «reputación».

Por ello, añadió, Bárcenas debe responder por su ofensa porque, desde una «clamorosa mala fe», fue el autor de los papeles y el «colaborador directo» de su divulgación, un ataque al derecho al honor no sólo de los cargos del PP, acusados de cobrar sobresueldos en negro, sino también de sus «afiliados, militantes, votantes y empleados».

Este perjuicio fue valorado en 500.000 euros, el dinero que reclamaron al extesorero como indemnización. Una cantidad cinco veces superior a los 100.000 euros que pidió Cospedal a Bárcenas en su demanda particular, pero muy lejos de los 905.253 euros que el extesorero reclama al partido por su despido improcedente. Una vista que se celebrará el 11 de julio de 2014. Tras indicar que Bárcenas está imputado por graves delitos en el 'caso Gürtel' y se encuentra en prisión provisional por estafa procesal, el letrado del PP defendió que hay un nexo causal entre la «delicada» situación personal del acusado y su «ataque» al PP. Y añadió como hecho novedoso que, en cualquier caso, el cobro de sobresueldos y las donaciones irregulares no son delitos. Aunque le faltó añadir si no superan determinada cantidad, son donativos «troceados» o se trata de infracciones prescritas.

El letrado de Bárcenas reclamó una sentencia desestimatoria porque su defendido no intervino en la publicación de sus papeles sino que fue el abogado Jorge Trías. Gómez de Liaño introdujo como novedad los últimos autos del juez Pablo Ruz, que dan credibilidad a los papeles, y cuya autenticidad fue corroborada por los testimonios de las personas que figuraban en ellos.

Un matiz que fue recogido por la fiscal del juicio, que planteó la suspensión del procedimiento civil hasta que concluya la investigación penal que se dirime en la Audiencia Nacional. Algo que ya ocurrió en la demanda de Cospedal contra el inquilino dela prisión de Soto del Real.