El economista Ignacio Estrella sustituye al imputado Teodoro Garrido al frente del IEDT

En julio quedaba libre la plaza de gerente del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico (IEDT), encargado de ejecutar las políticas laborales en la Diputación Provincial. La vacante se producía tras una decisión vinculada estrechamente al supuesto fraude millonario en las ayudas para la reindustrialización de Cádiz, que ha terminado salpicando a este departamento. El que había sido su responsable técnico durante más de una década, Teodoro Garrido, era cesado al confirmarse su imputación en el 'caso Bahía Competitiva'. El presidente de la institución, José Loaiza, aseguró en julio que al producirse la primera declaración de Garrido ante la Policía, se le advirtió de que si acababa imputado, debería abandonar un cargo que es de libre asignación. Y así ocurrió. Loaiza justificó la medida como ejemplo de lo que debía hacer la Junta de Andalucía, que a través de la agencia Idea también está comprometida en esta investigación que dirige el juzgado de Instrucción nº 4 de Cádiz. Así, José Loaiza le reprochaba al PSOE que mantuviera en el cargo a Rosa Mellado, gerente provincial de la agencia. Aunque la dirección del partido negó en reiteradas ocasiones que Mellado estuviera imputada, desmintiendo la información que en su día adelantó este periódico; la realidad se impuso al citarla de nuevo la jueza el pasado mes de octubre en calidad de sospechosa. A día de hoy, Mellado sigue al frente de la agencia en la provincia.

Con la salida de Garrido, se quedaba huérfana la dirección técnica de uno de los departamentos más importantes de la Diputación. Se abrió un concurso de designación que acaba de resolverse. Fuentes oficiales de la Diputación confirmaban lo que era un rumor en los últimos días entre la plantilla de la institución provincial. Ya hay relevo, con nombre y apellido, de Teodoro Garrido. Se trataría de Ignacio Estrella, un economista que fue director financiero del grupo Jale; un pequeño imperio del ladrillo, al que el estallido de la burbuja lo noqueó afectando a sus otros negocios paralelos como los hoteles. El único establecimiento que lucía las cinco estrellas en la Bahía, Duques de Medinaceli en El Puerto, fue una de las víctimas del concurso de acreedores declarado en el grupo. Hoy en día sigue cerrado y desde el exterior de la otrora lujosa residencia de la familia Terry, el abandono comienza a ser evidente.

Como figura en su curriculum profesional, que se puede consultar en varias páginas webs, Ignacio Estrella es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Sevilla y diplomado por la de Cádiz y orientó la etapa final de su formación hacia el urbanismo y el desarrollo inmobiliario. Tiene experiencia en el asesoramiento financiero a empresas y en el terreno personal es hermano del presidente de la Audiencia Provincial, Manuel Estrella. Esta relación familiar no ha pasado desapercibida en los mentideros de la Diputación, habida cuenta de la investigación judicial que arrastra ya a una treintena de imputados y se prevé que nuevos nombres se incorporen a la causa. Aunque el presidente de la Diputación salió en defensa de los funcionarios del IEDT y del trabajo que se desarrolla en este departamento al mismo tiempo que confirmaba el cese de su anterior gerente, Garrido no es el único imputado vinculado al IEDT en el 'caso Bahía Competitiva'. Los dos técnicos de Diputación que formaban parte de la comisión evaluadora de los proyectos empresariales que concurrían a la convocatoria de ayudas, Teodoro Clavijo y Rosa Barreiro, también han pasado por sede judicial. Al igual que Adelaida Moares, funcionaria de Diputación y la persona que se encargaba de enviar los informes al Ministerio de Industria tras el dictamen de la comisión evaluadora.

Falsificación de documentos

Precisamente Clavijo arrojaba un dardo envenenado al que había sido su superior en su comparecencia judicial de octubre. Aseguró a la jueza que Teodoro Garrido había cambiado el informe que él había redactado con la resolución de la comisión. Ese segundo informe se envió a Industria con el dictamen favorable para que se otorgaran ayudas millonarias a los proyectos del presunto cabecilla del fraude, el empresario gallego Dávila Ouviña. Tras esta afirmación, le interrogaron sobre el documento original, pero fuentes directas del caso aseguraron a este periódico que el imputado no fue claro ni contundente en sus respuestas; por lo que le han exigido que lo aporte al procedimiento y avale así sus afirmaciones.

Garrido defendió su gestión y la de su departamento en julio, cuando declaró ante la jueza, señalando que fueron ellos los que alertaron al Ministerio de Industria de la alta concentración de ayudas que recaían en proyectos detrás de los cuales estaban las mismas personas. Sin embargo, esa advertencia se adjuntó a un informe que acababa con un dictamen favorable. El exgerente acusó a Industria de no haber adoptado los suficientes controles; mientras que altos cargos del ministerio, también imputados, echaban las culpas a los técnicos de Diputación y representantes de la Junta por no haberles alertado nunca en las reuniones que mantuvieron. Un cruce de reproches entre tres administraciones que tenían la misma sintonía y color político por esas fechas: el PSOE.

Fuentes no oficiales de Diputación aseguran que el nuevo gerente del IEDT tiene una ardua tarea por delante ya que sustituye en el cargo a un director técnico que permaneció durante más de diez años en la misma responsabilidad y con un «control absoluto» sobre el instituto. La polémica sobre los emolumentos que recibía le ha perseguido incluso después de su cese. El CSIF reclamó a la Diputación información acerca del contrato que tenía Garrido y los términos de su despido, como la cuantía de la indemnización. Al no recibir respuesta, el sindicato ha recurrido al Defensor del Pueblo Andaluz, que ha admitido a trámite su queja.