Las razones de Fabra para cerrar Canal 9

«No se atreverá. Él no es así. Se lo han reprochado muchas veces. Tendría que dar un golpe sobre la mesa, un golpe de autoridad». El análisis era de un alto dirigente del PP valenciano, y aludía a la forma de actuar de Alberto Fabra. El 5 de noviembre, este dibujo de la personalidad del presidente de la Generalitat y líder del PP valenciano se borró de un plumazo. Siete horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad obligara a readmitir al millar de trabajadores despedidos de RTVV, Fabra se decantó por la salida más traumática: el cierre de la Radiotelevisión Valenciana.

Desde su llegada al Palau de la Generalitat, la gestión de Fabra no se había caracterizado ni por un perfil altisonante ni por decisiones que reflejaran una personalidad arrolladora. La línea roja con los cargos del PP imputados en causas judiciales era, probablemente, la resolución más polémica de las adoptadas hasta esa fecha. Respecto a Madrid, la reivindicación de una mejor financiación y la reforma del Estatuto para blindar las inversiones habían resultado sendos fracasos. La imagen de político prudente que se había ganado como alcalde de Castellón amenazaba con convertirse en un lastre. Barones del PP valenciano comenzaban a afilar cuchillos.

La decisión de cerrar RTVV no se adoptó el día que el tribunal hizo pública la sentencia. Fabra la venía rumiando desde tiempo atrás. La decisión de la directora general, Rosa Vidal, de salvar del ERE a casi 200 trabajadores disparó las alarmas en el Gobierno autonómico.

Con un ERE nulo, Fabra tenía cuatro opciones sobre la mesa. De ellas, la única que estaba descartada desde el principio era la de volver a la casilla de salida, es decir, olvidarse de reajustar la plantilla de Canal 9 y volver a los 1.800 trabajadores y al presupuesto de casi 200 millones.

Las otras pasaban, en primer lugar, por un recurso caro, 37 millones de euros, ante el Tribunal Supremo, que tanto por los plazos -la sentencia definitiva se conocería en vísperas de las autonómicas de 2015- como por la incertidumbre respecto a su resultado parecía desaconsejable. Volver a presentar el ERE, una vez efectuadas las correciones a las que obligara la sentencia judicial, parecía la más razonable. Incluso una combinación de ambas, anunciar recurso y ganar tiempo para negociar otro ERE con los sindicatos, estaba en la cabeza de muchos.

Pero Fabra optó por la tercera vía. El cierre. La primera reacción de muchos fue de incredulidad. «Va de farol, es un órdago», se escuchó decir a más de uno. «No se atreverá, esa decisión tendría un coste político enorme», remachó algún otro. Dos folios de un comunicado en el que se culpaba a Rosa Vidal de la sentencia de nulidad terminaron de ratificar que la decisión del jefe del Consell iba en serio.

Horizonte electoral

¿Y por qué se decantó el jefe por esta opción? Los factores son variados. No hay que menospreciar la consideración de que el resto de salidas no eran mejores o, por lo menos, la de que no dibujarían un escenario cómodo con el horizonte electoral de 2015 ya a la vista. También, probablemente, la de acabar con esa imagen de exceso de prudencia que para muchos de sus barones comenzaba a condicionar su futuro.

Pero la que probablemente incidió de forma más determinante no estaba ni en el Palau de la Generalitat ni en la sede regional del PP, sino en el centro de producción de programas de Burjassot. Optar por el cierre resultaba una solución drástica y con un coste político, aunque cargos populares dan por hecho que su electorado no se resentirá por esta decisión. Pero se perfilaba también como la única salida posible para acabar con el reino de taifas en el que se había convertido la televisión autonómica.

Desde la llegada de Vidal a la dirección de RTVV, la relación del ente con la Generalitat fue un choque permanente. Diferencias con el planteamiento de gestión, con la tramitación del ERE, con las declaraciones de sus responsables... a las que se añadieron un progresivo aislamiento de la responsable de la televisión que solo se comunicaba con los escalones intermedios de la administración autonómica.