El jefe de la Policía de Madrid puede afrontar seis años de prisión por el Madrid ArenaLas familias exigen que se haga justicia

Un año después de la tragedia que se cobró la vida de cinco jóvenes en el Madrid Arena, el juez instructor del caso, Eduardo López-Palop, sigue engordando la lista de imputados, que ya asciende a 25. Entre los encausados se encuentran muchos de los hombres de confianza de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, entre ellos varios concejales que se vieron obligados a renunciar a su cargo en el consistorio. La siguiente pieza en caer podría ser el inspector jefe de la Policía Local de Madrid, Emilio Monteagudo, quien ya se encuentra imputado desde el pasado febrero. Ahora, López-Palop está a punto de abrir esta misma semana una pieza separada contra Monteaguado por un delito de falsedad documental, como han solicitado las acusaciones particulares y la Fiscalía. En concreto, el Ministerio Público apunta a que «existen indicios de que pudo haber una manipulación de los documentos presentados en el juzgado».

A Monteagudo se le atribuye la presunta manipulación de los partes en los que se reflejó el dispositivo y la actuación de la Policía Local la noche de la tragedia. El objetivo de estas modificaciones habría sido, afirman las acusaciones, hacer creer que el despliegue de agentes que ordenó para vigilar el entorno del Madrid Arena fue mucho mayor del que realmente se llevó a cabo. En caso de que se demuestre que así fue Monteagudo se enfrentaría a una pena de entre tres y seis años de prisión, tal y como establece el Código Penal.

Según apuntaron los abogados de las familias de las fallecidas tras la declaración del mando policial el pasado febrero, Monteagudo descargó la responsabilidad de la vigilancia del Madrid Arena y su entorno en una subordinada, la responsable del distrito de Moncloa, Cándida Jiménez. En esa línea aseguró que Jiménez tenía capacidad para elevar el número de agentes en la zona. También dijo que ordenó que se aumentará el riesgo del concierto de medio a alto, lo que supuso un incremento de seis agentes en los alrededores del recinto municipal hasta llegar a 18.

Solo 12 efectivos

Esta versión fue desmentida después por su subordinada. Ante el magistrado, Jiménez afirmó que, pese a solicitar refuerzos, estos fueron denegados y sus mandos le comunicaron que se las arreglara como pudiera. De esta forma dispuso solo de 12 agentes cuando lo necesario para un evento de esas características hubiera sido 50 o 60, valoró.

Aún más importante resulta su declaración de que nunca se dio un aumento del nivel de riesgo apuntado por Monteagudo, a pesar de que esta orden se encuentra plasmada en los registros policiales que fueron hechos públicos por el Ayuntamiento. Estos documentos son los que se encuentran en entredicho y sobre los que gira la acusación de falsedad documental contra el jefe de la Policía Municipal.

A diferencia de lo que hizo con los concejales imputados, la alcaldesa se ha resistido a lo largo del último año a relevar a Monteagudo. Una nueva causa contra él y de esta gravedad obligaría a Botella a su destitución, en el que supondría un nuevo golpe para una regidora que en dos años al frente del consistorio se ha visto empujada a prescindir de la mayor parte de sus hombres de confianza.

La vigilia del jueves que llevaron a cabo familiares y amigos de las cinco jóvenes fallecidas se convirtió en un alegato para exigir que el proceso judicial llegue hasta sus últimas consecuencias. «Justicia por cinco personas inocentes que murieron aquí hace un año por la avaricia de unas personas y por la desidia de otras. Justicia por cinco personas que vinieron aquí a disfrutar de una noche de fiesta y fueron aplastadas hasta la muerte por la negligencia, por el dinero, por los favores», pidió Isabel de la Fuente, madre de Cristina Arce.