El Supremo decidirá sobre la aplicación del ERE en UGT-A

Los trabajadores de UGT-A afectados por el expediente de regulación que los dejaba en la calle a finales del año pasado no dan la batalla por perdida en los tribunales, donde sigue vivo el procedimiento laboral por el despido masivo que firmó la central sindical alegando serios problemas de financiación y la finalización de programas laborales sufragados con subvenciones. Una falta de recursos económicos, que según el sindicato, hacía inviable el mantenimiento de 159 puestos de trabajo en Andalucía, de los cuales 26 estaban en la provincia gaditana. La mayoría de los despedidos estaban dedicados a tareas administrativas y algunos llevaban más de 20 años de antigüedad en la casa ugetista antes de que el ERE rompiera esa trayectoria profesional.

El Tribunal Supremo ha admitido el recurso presentado por los abogados de los trabajadores contra la sentencia del TSJA que en el mes de mayo desestimaba los argumentos de los afectados por el expediente y definía la medida acordada por el sindicato de procedente y ajustada a la normativa. Hay que recordar que UGT optó por aplicar a la mayoría de sus trabajadores la reforma laboral que tan sólo meses antes había pedido derogar en las calles y sólo incluyó alguna tibia mejora en las indemnizaciones para un grupo de despedidos.

Esa propuesta de mejora fue lanzada tan sólo un día antes de celebrarse la vista oral en la sede malagueña del TSJA, pero fue rechazada por la representación de los trabajadores que desde el primer momento no quisieron hacer distinción entre los empleados pertenecientes a la estructura y los vinculados a programadas finalistas que se van renovando año tras año. El testimonio de algunos de los afectados reveló cómo el sindicato destinó subvenciones para el desarrollo de esos proyectos laborales en pagar la nómina de trabajadores que formaban parte del organigrama de la central y no desempeñaban ninguna función en el programa al que estaban adscrito.

Los trabajadores presentaron como prueba un informe pericial elaborado por una economista y basado en documentación interna contable de la central, que arrojaba conclusiones demoledoras como una política de gastos injustificada y descontrolada imputable a la dirección del sindicato o la inexistencia de razones económicas para aplicar despidos, en virtud de las propias cifras que manejaba la central como una auditoría encargada por la ejecutiva regional, la cual certificaba que la organización disponía de un superávit de casi un millón de euros tan sólo meses antes de firmar el ERE.?

Con este material, los afectados por el expediente esperaban que el alto tribunal lo anulara o como hizo con el ERE del Consistorio de Jerez, decretar que no era ajustado a Derecho y obligar a la central a aumentar las indemnizaciones por despido improcedente o readmitirlos.