Antonio Sanz. :: L. V.
Medio Ambiente

El PP acusa al PSOE de poner «trabas» a la Ley de Costas

Antonio Sanz culpa a los socialistas de hacer peligrar 40.000 empleos en Andalucía al presentar un recurso contra la normativa

CÁDIZ. Actualizado: Guardar
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El presidente del Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz, ha acusado al PSOE de «poner trabas» a la nueva Ley de Costas tras el recurso socialista presentado en el Tribunal Constitucional el pasado 20 de agosto, que supone «un gran desasosiego y perjuicio para muchos ciudadanos y pone en peligro 40.000 empleos en Andalucía».

En un comunicado, el dirigente popular ha lamentado que, «una vez más, los socialistas están poniendo trabas y demonizando una ley que, aparte de necesaria, es la mejor de las opciones para compatibilizar la seguridad jurídica de los propietarios, el respeto hacia el Medio Ambiente y el desarrollo de actividades económicas no lesivas para el entorno».

En este sentido, ha recordado que la nueva norma «blinda por primera vez» la actividad de los chiringuitos «compatibilizándola con la protección del litoral», recordando que en España existen «3.000 chiringuitos que, sólo en Andalucía, tiene vinculados más de 40.000 puestos de trabajo».

Así, ha hecho hincapié en que esta ley «otorga más seguridad jurídica» a los establecimientos de playas en cuanto a plazos y condiciones de la concesión y exigencias sobre el funcionamiento, pero a la vez «siendo exigentes en el cuidado de las playas y estableciendo criterios que compatibilizan la protección del litoral con el servicio público».

Sanz ha destacado el «importante avance, especialmente en la ampliación de las concesiones», apuntando que a los establecimientos temporales la autorización se amplía de uno a cuatro años. «Con ello, se apuesta por dar más estabilidad, más posibilidades de inversión y mejores instalaciones y servicios», ha señalado.

El senador popular ha reprochado la posición de los socialistas que, «aún siendo incapaces en sus últimos gobiernos de solucionar la problemática y la enorme inseguridad jurídica que existía en España desde el año 1988, ahora quieren torpedear una reforma muy necesaria»».