Los conflictos mercantiles ya se resuelven en la provincia de forma extrajudicial

Los jueces de la provincia de Cádiz han acordado en los últimos meses un total de 17 derivaciones de procesos judiciales para la mediación en los juzgados de lo Mercantil, gracias al proyecto piloto puesto en marcha por la Junta de Andalucía y la Cámara de Comercio.

La mayoría de ellos, un total de 15, han realizado ya encuentros de mediación entre las partes con el objetivo de alcanzar una solución al conflicto, mientras que los dos restantes están pendiente de celebrar estas reuniones destinadas a promover la mediación como mecanismo extrajudicial.

Según ha indicado la administración autonómica, este proyecto piloto impulsado por la Fundación Mediara, adscrita a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta, y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, es fruto del convenio suscrito el pasado año por ambas instituciones para fomentar las mediaciones en asuntos mercantiles en las provincias de Sevilla y Cádiz. Una de las novedades de esta experiencia piloto es que contempla la mediación intrajudicial, es decir, asuntos que ya están siendo tramitados por los juzgados y que pueden salir del ámbito judicial para promover su resolución fuera de los tribunales con el acuerdo de las partes en conflicto.

Resoluciones

Para ello, este proyecto está contando con la implicación de los jueces de esta jurisdicción mercantil, que son los encargados de decidir qué casos pueden derivarse a la mediación para su futura resolución de forma extrajudicial. Se trata de un servicio gratuito para las empresas que «contribuirá a ayudar a los magistrados de lo Mercantil a reducir la carga de trabajo en sus juzgados».

Esta iniciativa persigue la búsqueda de resoluciones a los asuntos que ya están judicializados, lo que requiere la puesta en práctica de protocolos de actuación y la implicación de los jueces con los equipos de mediadores para determinar los casos susceptibles de ser solventados.

De esta forma, este proyecto no sólo pretende la resolución previa de los conflictos empresariales antes de que éstos terminen en los juzgados, sino un objetivo «mucho más ambicioso», como es el de sacar fuera del proceso judicial aquellos asuntos ya en trámite para que puedan ser solventados de manera extrajudicial.