La trama interminable

Antes de marcharse de vacaciones el pasado 31 de julio, la jueza Mercedes Alaya dejó sobre la mesa de su escritorio de la planta segunda de los juzgados sevillanos un último auto con 23 imputados nuevos del caso de corrupción de los ERE (expedientes de regulación de empleo) fraudulentos. Suman ya 116 las personas acusadas de haber participado en alguna medida -bien en su provecho o bien por «inacción» política- en la trama orquestada, según la jueza, para menoscabar fondos públicos del sistema de ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía para empresas en crisis -prejubilaciones de trabajadores y subvenciones a fondo perdido- durante la pasada década: Un fraude de al menos 140 millones de euros de 721 millones presupuestados.

El auto, conocido esta semana, corrobora que el sumario de los ERE va camino de convertirse en el mayor proceso judicial de corrupción en Andalucía. Supera ya en imputados al 'caso Malaya', macrocausa sobre la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, cuyos instructores sentaron en el banquillo a 86 personas. Este juicio está pendiente de sentencia.

La fecha del juicio del caso de los ERE es imposible de prever. La instrucción cumplirá tres años en enero de 2014, pero será difícil que para entonces Mercedes Alaya, una jueza que se ha ganado fama de imperturbable y concienzuda, haya acabado con la investigación tal como hizo creer al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, el pasado mayo. Mucho se ha criticado esta semana al vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, por requerir a la jueza Alaya celeridad en la investigación, pero esta es una petición también expresada por el TSJA y la Fiscalía anticorrupción en reiteradas ocasiones.

Declaraciones tardías. Presiones del TSJA

Ante la presión de abogados y fiscales, Lorenzo del Río intervino para que se imprimiera ritmo a la causa. El presidente del TSJA ha salido escaldado de su mediación. Primero no consiguió que Alaya aceptase refuerzos en los ERE y las otras tres causas que lleva (Betis y dos derivadas de Mercasevilla). Los jueces enviados como refuerzo, Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes, claramente distanciados de Alaya, no tardaron en abandonar el juzgado. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) envió a finales de julio otro juez de apoyo, Álvaro Martín Gómez, pero, como a los anteriores, solo le dejará los asuntos ordinarios.

El TSJA tampoco ha logrado que la magistrada haya agilizado la toma de declaración de imputados. Algunos, como el exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, lleva dos años y medio imputado sin declarar, es decir, sin posibilidad de defenderse de la acusación.

Lorenzo del Río calificó de «muy productiva» una reunión que tuvo el 14 de mayo con Mercedes Alaya, en la que acordó que esta remitiría al consejo de gobierno del TSJA un calendario sobre los interrogatorios pendientes. El presidente del TSJA salió convencido de que Alaya cerraría alguna causa antes de las vacaciones de verano y daría un gran empuje a la de los ERE, para tenerla casi lista a final de año.

Pero solo una semana después, el TSJA emitió un comunicado muy duro sobre la jueza, en el que subrayaba la «preocupación» por la prolongación en el tiempo de los sumarios y la acumulación de imputados sin tomarles declaración, por lo que le instaba a replantearse un juez de refuerzo. Entonces solo había imputadas 69 personas, tras la tanda de incorporados en la 'operación Heracles'.

Nuevos imputados. 73 sin declarar

Un mes después, el 28 de junio, Alaya imputa a 20 cargos y excargos de la Junta de Andalucía, entre ellos la exconsejera de Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez, abriendo con ello la rama política del caso. Otro mes más tarde, en víspera de irse de vacaciones, imputa a otras 23 personas, entre ellas dos hijos del empresario Ruiz Mateos. En total el sumario acumula 116 personas con la condición de acusados de algún delito.

En cierto modo, la jueza ha cumplido con su promesa al TSJA al dar un gran empuje a la causa antes de sus vacaciones, aunque no en el sentido en el que se había pronunciado Lorenzo del Río. Volverá en septiembre del veraneo con 73 imputados pendientes de tomarles declaración, más del 60%. Al ritmo que ha ido en los últimos meses después de la reprimenda del TSJA -desde abril solo tres han pasado por su despacho, entre ellos el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez el pasado 25 de julio-, es fácil prever que antes de las navidades será difícil que el caso esté ni medianamente encarrilado. Además, la Guardia Civil sigue investigando, lo que hace prever nuevos encausados.

Todo ello hace pensar no solo que la causa se alargue un cuarto año, sino que, como advierten letrados y fiscales, la dilación en la toma de declaraciones pueda favorecer a algunos imputados al esgrimir indefensión y queden impunes delitos.

Dos ramas. La pista del dinero

El sumario, en cualquier caso, sí ha experimentado un avance e incluso un vuelco en los cuatro últimos meses. La 'operación Heracles' del 22 de marzo puso rumbo a la pista del dinero defraudado. La Guardia Civil corroboró una investigación iniciada dos años antes por la Policía Nacional al investigar las cuentas corrientes y empresas luego averiguadas como 'fantasma' de intermediarios (aseguradoras y abogados), conseguidores, testaferros, sindicatos (CC OO y UGT) y cargos políticos como el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero.

Todo un entramado para sacar tajada de las sobrecomisiones, «el verdadero alimento de esta trama corrupta» según la jueza. Alaya mandó a la cárcel a las cúpulas de las dos mediadoras de los ERE ,Uniter y Vitalia, que pudieron defraudar más de 50 millones de euros a través de unas comisiones para gestionar las prejubilaciones que triplicaban el precio del mercado y que parte se repartían en sobres y dádivas a los que facilitaban el negocio o se hacían favores colando intrusos en las listas de prejubilados.

La última tanda de imputados, la del auto del 31 de julio, continúa la pista del dinero con las subvenciones supuestamente irregulares entregadas a empresas, de las que también corrían sobres a los mediadores e intrusos. Con ambas, Alaya señala a los supuestos cabecillas de la trama del dinero: Juan Lanzas, el 'conseguidor', Antonio Albarracín y José González Mata, los 'intermediarios', y Javier Guerrero, el exdirector general de la Junta, responsable de firmar las ayudas, subvenciones y comisiones. La jueza sigue sin probar sus indicios de que hubo otros cargos que pudieron alargar la mano a dádivas, pese a sus apretados interrogatorios para averiguarlo. Es una de las cuestiones en el aire sin resolver y que cobrará atención a la vuelta del verano.

Dos ramas. La trama política

Pero la pieza del dinero no es lo que da relevancia al 'caso de los ERE', sino la de las posibles responsabilidades penales de quienes consintieron bien por acción u omisión un sistema de ayudas cuyo procedimiento la jueza considera ilegal. En el auto en el que imputa a los 20 cargos de la Junta, Alaya afirma que es el «momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación» en el dispendio continuado de fondos públicos de los responsables públicos que permitieron el «uso indebido» de la transferencia de financiación en las leyes de presupuestos para pagar, a través de la agencia IFA/IDEA, las subvenciones a empresas y prejubilaciones.

El auto, que conmocionó al Gobierno andaluz y apunta al corazón de José Antonio Griñán, lo escribió la jueza dos días después de que el presidente de la Junta anunciara su despedida de la política. Alaya dio en hueso al no conseguir del exinterventor Manuel Gómez que admitiera que el sistema de pago era ilegal, aunque advirtiera de que el procedimiento de la transferencia de financiación era inadecuado. Gómez coincide en parte con la tesis de la Junta. Si hubiera admitido la ilegalidad, habría allanado el camino a Alaya para la imputación de Griñán como responsable de Hacienda desde 2004-2009.

Asignaturas de septiembre. Aforados

Lejos de barruntarse un cierre próximo, un pasar página, como apeló Diego Valderas, el sumario de los ERE se vislumbra interminable y tortuoso. El lapsus del verano emplaza a septiembre muchas asignaturas pendientes. El auto del 28 de junio dejó en evidencia que Alaya ha excluido a los aforados de su lista de imputados políticos, lo que le obligaría a elevar el caso al Supremo o el TSJA. ¿Qué va a pasar con los aforados? La Audiencia Provincial de Sevilla le respalda para que «apure y depure» primero la investigación y a sus responsables antes de dejarla escapar. De ser así, aún pasará tiempo para que se dilucide si Alaya elevará a los tribunales superiores una propuesta de imputacion de Griñán, Aguayo y Viera.

El auto de la Audiencia implica una señal de alarma para los cargos ya imputados del PSOE. La Audiencia debe pronunciarse a la vuelta de septiembre sobre los recursos de apelación presentados. Implícitamente sobre la gran controversia del caso: si el sistema de pago era legal o ilegal. Algo que para la mayoría de los conocedores del sumario acabará por resolverse en el Supremo. Tampoco parece que la Audiencia vaya a corregir las imputaciones a la jueza Alaya de los 20 cargos a tenor del auto mencionado.

Alaya también deberá responder sobre la petición del PP para que deje fuera a la Junta de Andalucía como acusación particular, tras cuestionar que siendo tal presente un recurso a favor de los imputados.