Todos apuntan al maquinista

Los expertos aseguran que en un accidente ferroviario deben confluir varios factores o, lo que es lo mismo, producirse una sucesión de fallos. En esta ocasión, sin embargo, todas las miradas parecen estar enfocadas únicamente en Francisco José Garzón, el maquinista que se encontraba a los mandos del Alvia 151 siniestrado y en el que perdieron la vida 78 personas.

El Gobierno insistió ayer por boca de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en no valorar las posibles causas de la tragedia hasta que emitan sus informes las autoridades competentes de las dos investigaciones iniciadas: una a cargo del juez de Instrucción Número 3 de Santiago, Luis Aláez, y otra de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Quien no ha esperado ningún dictamen es la Policía que el jueves pasado detuvo al conductor en la habitación del hospital donde se encuentra ingresado y ayer lo instó a declarar, a lo que se negó Garzón. El arresto se produjo por iniciativa policial y bajo la acusación de imprudencia, según confirmó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. En las próximas horas el maquinista deberá ser puesto a disposición del juez Aláez, quien hasta el momento se ha limitado a llamarle a declarar en calidad de imputado aunque no ha dictado orden de detención.

Las evidencias que han salido a la luz corroboran de forma unánime el exceso de velocidad del convoy, que habría enfilado la fatídica curva de A Grandeira a 190 kilómetros por hora frente a los 80 permitidos. Las pruebas también parecen confirmar que el maquinista no frenó el Alvia cuando así lo exigía el libro de ruta y la señalización de la vía. Pero, como afirman los expertos, un fallo o negligencia no parecen suficiente para explicar lo sucedido. Debieron darse más errores y una de las explicaciones que falta por ofrecer radica en por qué no funcionó ningún sistema automático de frenado de emergencia. El ASFA Digital era el que tenía conectado el Alvia 151 en el momento de salirse de la vía. Sustituyó cuatro kilómetros antes del lugar del accidente al moderno ERTMS, que, según el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), hubiera evitado el descarrilamiento del convoy, pero cuya instalación no llega hasta Santiago.

Cruce de acusaciones

ADIF descargó ayer responsabilidades y aseguró que el AFSA Digital ofrece plena seguridad para el tramo en el que se produjo la tragedia. Este sistema de control da autonomía al maquinista y se limita a avisarle de las velocidades a las que debe circular. En casos extremos y de no ser respondido, el AFSA Digital puede ordenar un frenado de emergencia si se superan los 200 kilómetros por hora.

Algo que el pasado miércoles no sucedió porque el tren circulaba 10 kilómetros hora por debajo. Frente a este sistema, el ERTMS mantiene un control casi automático de la navegación sin permitir en ningún caso que el convoy pueda alcanzar velocidades mayores a las marcadas por las balizas que jalonan las vías y envían información a la cabina. En declaraciones a la cadena Ser, desde ADIF se aseguró que la decisión de que el ERTMS dejase de funcionar en las proximidades de Santiago se adoptó por las autoridades en 2010, es decir, bajo Gobierno socialista.

Responsables de Fomento durante la etapa mencionada retrocedieron aún más en el tiempo y recordaron que el proyecto del tramo de alta velocidad entre Orense y Santiago se diseño en 2003, con Francisco Álvarez-Cascos al frente del departamento. Según añadió el presidente ADIF, Gonzalo Ferre Molto, el maquinista debía haber empezado a frenar cuatro kilómetros antes de la curva, tal y como se le había notificado. Ferre Molto insistió en que funcionaron todos los sistemas de seguridad, pero que, en cualquier caso, Garzón debió controlar la velocidad porque «esa es la función de un maquinista, si no sería un pasajero».

Una de las pocas cosas en la que coinciden las partes implicadas es en que habrá que esperar al análisis de la caja negra para poder sacar conclusiones reales sobre lo sucedido. Su examen, avanzó el jefe superior de Policía de Galicia, Jaime Iglesias, no se realizará hasta «que haya acuerdo con la unidad judicial, que está ocupada en estos momentos con otras tareas», en relación a la identificación de las víctimas.

En este sentido, el Consejo General del Poder Judicial anunció que nombrará un juez de apoyo para el magistrado Aláez con el fin de que este pueda instruir con «la mayor agilidad y celeridad» el accidente. Será tarea del instructor dilucidar si el maquinista fue responsable de la muerte de 78 personas. Y también si fue el único.