Ruz rechaza abrir una causa general contra el PP por los papeles de Bárcenas

El juez Pablo Ruz se sacude las críticas que apuntan a que ha abierto una «causa general» contra el PP y advierte a las acusaciones populares de que no está dispuesto a que la investigación de los papeles de Bárcenas se convierta en una suerte de inspección paralela de las cuentas de los dirigentes del PP. En un extenso auto hecho público ayer, el magistrado, además de denegar la petición de interrogar a José María Aznar por «irrelevante e innecesario» en la investigación sobre una supuesta contabilidad B del partido, rechaza someter a otra cuarentena de dirigentes del PP a un 'striptease' patrimonial prospectivo, entre ellos al propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El instructor aprovecha su escrito para fijar, por primera vez, las líneas rojas de esta pieza separada del 'caso Gürtel' y advertir a las acusaciones populares de que no está dispuesto a superar ciertos límites. En esa línea, recuerda a los denunciantes de Luis Bárcenas que en esta pieza se investiga la presunta contabilidad en negro que se atribuyen al extesorero y su «relevancia penal». Pero solo, explica, en dos aspectos: la «presunta llevanza de una contabilidad B u oculta en el Partido Popular» y únicamente desde el punto de vista tributario de los ejercicios no prescritos; y la contratación pública a dedo con la consiguiente «percepción de dádivas» a cambio de esas adjudicaciones.

Y, entiende el juez, ninguna de las diligencias que ha planteado la acusación popular de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) entra en estos supuestos. Ni el interrogatorio de Aznar ni la investigación prospectiva del patrimonio de los más importantes dirigentes presentes y pasados del partido.

«Sobresueldos»

La acusación popular había pedido la declaración del expresidente del Gobierno para que aclarase los supuestos «sobresueldos» de 782.695 euros que, de acuerdo a la interpretación que hace Adade de los apuntes del extesorero, habría cobrado entre 1990 y 1996. La acusación también había reclamado el interrogatorio del exjefe del Ejecutivo tras escuchar el testimonio del exdiputado popular Jaime Ignacio del Burgo, quien aseguró que Aznar dio el visto bueno a la «compensación mensual» de otro miembro del partido.

El juez, en su auto, asegura que el interrogatorio de Aznar es «irrelevante e innecesario» para la causa de los papeles de Bárcenas. La citación del expresidente, afirma el instructor, sería una «diligencia de investigación que parece apartarse del objeto de la misma (conocer si existió una contabilidad irregular en el partido) por cuanto además de no desprenderse de los hechos relatados actividad alguna de naturaleza indiciariamente delictiva».

Ruz reprocha a la acusación popular que no haya esgrimido «razón o fundamento suficiente» para justificar la comparecencia de Aznar, máxime a sabiendas de que, aunque fueran pagos en negro, no tendrían «relevancia penal» por estar ya prescritos. Pero, aclara Ruz, la propia Adade «reconoce» que esas cantidades «fueron contabilizadas y declaradas a la Haciendas Pública hasta donde se puede comprobar con la documentación e información aportada a la causa».

Los argumentos para rechazar la investigación patrimonial de la cúpula del PP son similares. La asociación de abogados había solicitado al juez que reclamara todo tipo de información fiscal y patrimonial a 40 dirigentes populares que, según su análisis, aparecían en los papeles de Bárcenas como supuestos receptores de gastos de representación. En ese listado aparecían nombres como el del propio Rajoy, Aznar, Ángel Acebes, Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Miguel Arias Cañete, Dolores de Cospedal, Jorge Fernández, Carlos Floriano, Ana Mato, Pío García Escudero, Esteban González Pons, Cristóbal Montoro, Rafael Hernando, Alicia Sánchez Camacho, Isabel Tocino o Federico Trillo, entre otros.

«En modo alguno pueda abarcar una investigación patrimonial y fiscal como la planteada por la acusación popular, máxime a la vista de la arbitrariedad o falta de justificación en la elección del número de personas que vendrían afectadas por el requerimiento interesado (a tal respecto se hace únicamente referencia a 40 de los más relevantes perceptores), sin mayor mención o explicación», explica Pablo Ruz.

El instructor reprocha a la acusación que no aporte «elemento indiciario alguno que lleve a la presunción de comisión de un posible delito contra la Hacienda Pública por parte de alguna de las personas cuya investigación tributaria se pretende». Todo ello, al margen de que esas cantidades no son suficientes para generar cuotas que supongan infracción penal», ni de que incluyen en ese listado dirigentes del PP que ni aparecen nombrados en los papeles de Bárcenas y de que los años a los que se refieren esos «gastos de representación» estarían también prescritos.