Una frontera peligrosa

Hace ya muchos meses que algunos responsables políticos de la provincia temen que el conflicto de los antiguos trabajadores de Delphi degenere en algún episodio violento. Lo han confesado a casi todos los que han querido escucharles, pero el descenso hacia lo lamentable mantiene velocidad de crucero. Los operarios de la planta cerrada en 2007 tienen una gran base de razón.

Los responsables de la Junta de Andalucía les firmaron un acuerdo por el que se comprometían a su recolocación, la de todos, y a una formación remunerada. Pasados seis años, la primera parte del acuerdo se ha vuelto un imposible.

La segunda, un agravio hacia el resto de desempleados. Pero por injusto que fuera el pacto, se firmó, probablemente por intereses electorales. Los afectados tienen razón en reivindicar aquella palabra dada y pierden una parte al no querer asumir que, por más interesado que fuera, la ejecución del propósito resulta una quimera. Pero más allá del acuerdo y el desacuerdo, están las formas, las fronteras que no han de cruzarse.

Los antiguos trabajadores están en su derecho de concentrarse ante las instituciones y pedir explicaciones, incluso en vías públicas, a sus dirigentes porque llevan en su retribución y sus obligaciones la de dar explicaciones a los ciudadanos.

Pero pasar de ahí a la violencia verbal o, caso extremo, física es intolerable para cualquier ciudadano al margen de la motivación que crea tener. La difusión de panfletos con insultos, en los que se anima a la población a dirigirlos al delegado de la Junta, Fernando López Gil, supone un paso desafortunado en la dirección equivocada. Ojalá que el último.