La dudosa situación legal de la finca dificulta el desalojo

Hay quien asegura que el colectivo La Higuera, que se instaló hace casi un año una finca en la calle Manuel Rancés, está bien asesorado y debe ser así a juzgar por cómo han gestionado la ocupación. La elección del inmueble no fue al azar y en este tiempo han llevado una convivencia tranquila con la vecindad. La vivienda pertenecía a una inmobiliaria con sede en Barcelona y ahora se encuentra en un proceso de expropiación iniciado por la entidad bancaria Bankia, lo que deja en el aire su titularidad.

Eso mismo es lo que aleja la posibilidad de desalojo. La abogada Esther Coto, especializada en asuntos inmobiliarios, asegura que «el uso que se le dé al inmueble ocupado es lo de menos, el delito consiste en que se toma algo en contra de la voluntad de su dueño y cuando no se sabe muy bien de quién es, resulta más difícil». La situación es muy diferente a lo que sucedió en Valcárcel o en la Casa Yoga, como denominaron al centro social 'okupado' que se creó en el número 8 de la calle San Salvador, muy cerca de la plaza del Árbol. Durante varios años este inmueble ha albergado distintos proyectos, pero desde que se formalizó la orden de desalojo contra los últimos moradores no ha habido nuevos inquilinos.

Esther Coto se encarga precisamente del caso, en el que la denuncia procedió de la Policía Local, mientras que sus propietarios han declarado como testigos. Actualmente están pendientes de que salga el juicio. La letrada explica que aquí sí se conoce quiénes son los propietarios y se desarrollará como un caso más de ocupación ilegal. Sin embargo, el ejemplo de Manuel Rancés es totalmente diferente y primero hay que solucionar lo de la titularidad.