Chamizo propone medidas para facilitar el pago de deudas y de ayudas sociales

El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, presentó ayer su informe anual 212 al Parlamento, con una clara advertencia a los partidos políticos: ante los terribles efectos de la crisis es preciso adoptar medidas de urgencia para «evitar una rebelión social», porque «el tiempo se acaba».

Además de constatar el empobrecimiento de la población y alertar de el riesgo que para la igualdad supone los recortes en sanidad y educación, Chamizo propuso dos medidas concretas para paliar los daños de la crisis. Se trata de una Ley de Segunda Oportunidad, destinada a facilitar el pago de deudas con plazos más amplios, que resolvería el problema a familias y empresas que no pueden hacer frente a sus pagos y que pierden sus bienes, a veces por deudas de las propias administraciones con ellos. La segunda propuesta es un Fondo especial de Solidaridad Social para que cobren las empresas de servicios sociales, que están en riesgo de desaparecer por los impagos oficiales, y en especial los beneficiarios de ayudas sociales, sobre todo de la Ley de Dependencia.

Los incumplimientos de esta ley han motivado un creciente número de quejas, hasta situarse en tercer lugar, con 655 reclamaciones, y Chamizo afirma que «la gente está muy enfadada». «Si algo puede provocar un levantamiento es esto, porque muchas personas están esperando un dinero que no les llega, y hasta ya lo han gastado confiando en que lo iban a recibir».

El Defensor recibió el año pasado un 15% más de quejas, en total 7.239, que atribuyó a la crisis económica. Las principales causas son las relacionadas con el funcionamiento de la administración y las ordenanzas económicas; la educación y el personal del sector público, todas con más de 800 expedientes.

Chamizo rechazó las prácticas de «escrache», de acoso a los políticos en sus domicilios particulares, porque «la vida personal y familiar hay que respetarla», al tiempo que advirtió de que la sociedad «ha comenzado a movilizarse, está más rebelde y más crispada, y está pidiendo a los políticos cambios radicales, como ha ocurrido con los desahucios», cuya nueva regulación reclamó

El Defensor, cuyo nombramiento está prorrogado y se ha planteado negociar en el marco de la renovación del director general de la RTVA, insistió también que no piensa dejar el cargo. «Abandonar ahora en plena crisis sería una traición y no lo voy a hacer. Me tendrán que echar», dijo, «y no es por apego al cargo, ni por asegurarme mi futuro, que ya lo tengo seguro, es porque la gente no entendería que yo me fuera en plena crisis».