EL PUERTO

Enésima bronca y desalojo del pleno por la subida de los alquileres municipales

El Gobierno local argumenta que el precio medio será de 200 euros pero los afectados también deberán pagar el IBI y no tendrán bonificaciones

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Cuando lo anómalo se convierte en habitual, es porque algo falla. Y últimamente es raro asistir a un pleno en el Ayuntamiento de El Puerto que no termine en bronca y desalojo. Eso sucedió en la sesión ordinaria de ayer, marcada por la presencia entre el público de los inquilinos de las viviendas municipales, que protestaron por la subida de los alquileres hasta un 66% y el cobro del IBI. El equipo de Gobierno, formado por el Partido Popular y el Partido Andalucista, aprobó de forma definitiva la nueva ordenanza reguladora de los pisos de titularidad municipal, que además, elimina las bonificaciones sobre las rentas que se vienen aplicando a los casos de más precariedad económica.

La medida ha cosechado un fuerte rechazo desde que fue anunciada, hace aproximadamente un año, por la empresa municipal de vivienda, Suvipuerto, como parte del plan de ajuste municipal y como adaptación a los baremos del Plan Andaluz de Vivienda. Los afectados comenzarán a notar la subida -en algunos casos de 200 a 332 euros o de 113 a 187 euros-, dentro de cuatro años aproximadamente, cuando comiencen a renovarse los contratos de alquiler.

«Una decisión política»

El presidente de la asociación de inquilinos La coordinadora, Miguel García, intervino antes del debate político, para señalar que no hay ninguna ley que obligue al Ayuntamiento a cobrar el IBI a los arrendatarios. «Es una decisión política que afecta directamente a los más pobrecitos». El vicepresidente de Suvipuerto, el andalucista Antonio Jesús Ruiz, respondió que la media del coste del alquiler rondará los 200 euros. «Y ningún inquilino que demuestre que no puede pagar por no tener ingresos será desahuciado». El andalucista, que no ahondó en los motivos para el cobro del IBI o la retirada de bonificaciones, recordó que cuando el PA tomó Vivienda, se topó con que un 55% de los inquilinos tenían órdenes de desahucios porque sus ingresos superaban los que marca la ley. También reprochó a los grupos municipales de PSOE e IU que la Junta que no haya aprobado aún un nuevo Plan Andaluz de Vivienda.

La portavoz de Independientes Portuenses, Silvia Gómez, criticó por su parte la «mala gestión» del parque municipal de viviendas. «Antes de quedarse en la calle, muchas personas han aceptado viviendas si luz, sin agua caliente y hasta teniendo que pagar la deuda que ha dejado el inquilino anterior». La portavoz de IU, Pepa Conde, acusó al Gobierno de tratar como mercantil una empresa pública con fines sociales. «Lo único que quieren es sacar dinero, y les importa un rábano las situaciones de estas familias, que son las más débiles en este contexto de crisis. Hay que darles derecho a que tengan una vivienda digna que puedan pagar».

«Sin participación»

La edil socialista Aouicha Ouaridi añadió la falta de participación que a juicio del PSOE ha tenido la redacción de la ordenanza. «No han tenido en cuenta ni una sola de las alegaciones presentadas, ni el sufrimiento de estas familias».

El alcalde, Enrique Moresco, lamentó que IP, PSOE e IU, no hicieran «una oposición responsable de ayuda y colaboración». «Los que crispan son siempre los mismos y no respetan unas normas de convivencia mínima». Moresco arremetió contra la Junta, a la que reprochó no haber hecho ninguna vivienda de VPO en los últimos 30 años en la ciudad. «Y comprobamos como a IU, por un poquito de poder, les da igual todo. Les pedimos que no utilicen a las personas más desfavorecidas para sus fines políticos». Momentos antes, a mitad del debate, se produjo el momento más tenso de la sesión, cuando el regidor ordenó el desalojo del Pleno a consecuencia de las protestas y reproches de los inquilinos de las viviendas municipales.

Moresco consideró que se estaba insultando al Gobierno y pidió a todos los integrantes del público que abandonaran el Salón de Plenos. También solicitó a un policía local que identificara a una mujer que gritó que el Ayuntamiento estaba cobrando alquileres por encima del precio legal y lo acusó de robar. La refriega continuó abajo, con los portavoces de la oposición calmando los ánimos de la señora que, finalmente accedió a dar su nombre al agente. Varios puntos después, Moresco accedió a abrir nuevamente la sesión al público.