El paro no escampa y llueve sobre inundado

Tan calados, empapados, que ya resulta difícil saber cuándo empezó a llover y ni siquiera se nota si para. A lo más que llegan los responsables de sindicatos y formaciones políticas es a pedir medidas (nadie sabe cuales) o a usar eufemismos, tecnicismos, como que el «ritmo de destrucción de empleo se desacelera», como si fuera posible que mantuviera la misma velocidad de crucero cuando lleva (con sólo cuatro meses aislados de inútil tregua) cuatro años casi consecutivos de incremento del paro en la provincia de Cádiz, una de las tres que peor escenario previo presentaba en España antes de la hecatombe económica de 2008, además.

El último respiro que dio el desempleo llegó en el mes de diciembre. Era el parche estacional del comercio pero todos los observadores quisieron verlo como un indicio. Si se confirmaba en los siguientes, sería un alivio real, un cambio de tendencia. Si se quedaba en cifra suelta, como resultó, vendría a ser como sacar un cubo de agua del 'Titanic' en pleno naufragio.

Así fue. Los datos del paro en enero y, tras su publicación oficial de ayer, los de febrero confirman que no escampa, que no hay freno, que las cifras siguen batiendo récords sin que nadie se atreva a pronosticar nada a corto plazo (eufemismo para decir «hasta verano»).

El pasado mes volvió a ser negativo para la provincia en lo que al paro respecta. Como casi todos los anteriores de casi todos los años. Cádiz sumó en febrero de 2013 un total de 3.115 parados más a las listas de las oficinas. Es preciso recordar que este recuento es paralelo (y siempre más bajo) que el de la Encuesta de Población Activa.

Los inscritos en las oficinas ya son 209.748 personas que residen en la provincia de Cádiz. La psicológica barrera de los 200.000 se superó ya en 2012 y empieza a quedar lejos. Ya hay que poner las alarmas gastadas más adelante, en los 225.000 por buscar otro número redondo con el que tratar de dar forma de pánico colectivo a una situación que tiene mucho de sufrimiento individual.

En Cádiz, el sector más perjudicado por la destrucción de trabajo ha sido el de los servicios, que termina febrero con 2.450 parados más. El resto corresponden a personas sin trabajo anterior y a desempleados en la industria. Construcción y Agricultura registraron en febrero un leve alivio con 106 y 61 nuevos contratos respectivamente.

Con todo, el dato de febrero es rotundamente desalentador y en comparación con enero supone un incremento de 737 desempleados. Con respecto al mismo mes del año pasado, en la provincia hay 14.877 parados más (como si un pueblo entero de la provincia se hubiera quedado sin trabajo a la vez desde entonces). En febrero de 2012, Cádiz contaba ya con 194.871 desempleados. Y todas las alarmas estaban encendidas, y todos los adjetivos se habían usado ya. La patronal andaluza (CEA) hizo ayer el esfuerzo de buscar palabras y encontró unas que forman una petición de más medidas: «Es necesario que se articulen medidas fiscales, económicas y financieras que realmente impulsen y estimulen la actividad empresarial. Para que los incentivos a la contratación definitivamente puedan surtir efectos se han de acompañar de otros instrumentos que incidan directamente en la capacidad productiva». El resumen de esa postura es la exigencia de «un gran pacto social».

Sindicatos como Comisiones Obreras, pide justamente lo contrario, la anulación de la última reforma laboral y la aprobación inmediata de una Renta Mínima garantizada, como derecho de ciudadanía». Asegura esta central que «cada vez hay más familias al borde de la exclusión social». El sindicato CSIF, en cambio, pide la convocatoria del Pacto Andaluz por el Empleo, «como solicitamos desde hace un año y que ahora es más urgente que nunca ante los alarmantes datos ofrecidos.

La portavoz del Partido Popular de Cádiz, Ana Mestre, volcó su análisis de los datos en el paro femenino y achacó a las políticas socialistas su grave incidencia. Según su opinión, las gaditanas sufren «el síndrome de las tres 'P': paro, precariedad laboral y paradas de larga duración», lo que conlleva a su entender una situación de «discriminación, dependencia y desigualdad» especialmente grave en el caso de las mujeres.