Guerrero reclama a la Junta 24.750 euros como funcionario

Javier Guerrero, ex director general de Trabajo imputado por los ERE falsos, reclama a la Junta de Andalucía 24.750 euros que le «corresponden» como funcionario del Servicio Andaluz de Empleo (SAE, pese a estar suspendido. El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, dijo que ley estipula que todo funcionario suspendido cautelarmente «tendrá derecho a percibir el 75% de su sueldo, trienios y pagas extraordinarias», algo que en su caso «no se ha producido» y que alcanza los 24.750 euros. Guerrero, que estuvo en prisión preventiva, es el principal encusado del caso de los ERE por el posible fraude de una cantidad sin determinar de los alrededor de 1.000 millones de euros empleados en las ayudas a empresas en crisis y prejubilados.

Por otro lado, la juez Ana Rosa Curra, que ahora investiga los ERE irregulares, ha pedido a la Junta de Andalucía que aclare diversas «discrepancias» de sus contratos y que justifique otros, como la falta de medios que obligó a IDEA a ser asesorada durante diez años por el bufete Garrigues, informa Efe. Un auto fechado el 18 de febrero recoge entre las «discrepancias» que la Consejería de Justicia encargó en 2001 a Garrigues un «Estudio sobre la contratación administrativa en el marco de la Nueva Ley de Contratos», pero el informe emitido se refería a la Nueva Ciudad de la Justicia. La jueza Ana Rosa Curra también pide a la Junta que «justifique debidamente» por qué el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y su sucesora la Agencia IDEA suscribieron dicho contrato de «asesoramiento fiscal permanente» y por qué la Administración no contaba con «medios personales y materiales suficientes».

Pide la «justificación» de tres «contratos menores» de 10.000 euros cada uno, firmados en 2005 con el visto bueno del viceconsejero de Cultura para que Garrigues elaborase informes jurídicos sobre la transformación institucional del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Incluían un estudio sobre los futuros estatutos de la entidad, aunque no fue hasta el 26 de junio de 2007 cuando se creó dicho instituto y se suscribió un nuevo contrato por importe de 10.300 euros.