García-Margallo renuncia a impedir la representación de las autonomías en el exterior

Más de un año de negociaciones y 33 borradores después el Consejo de Ministros dio ayer luz verde al anteproyecto de la Ley de Acción Exterior, que ahora será remitido al Consejo de Estado con vistas a que pueda ser aprobada el próximo verano, según las previsiones del Gobierno.

Las dificultades para sacar adelante esta norma han venido del «corporativismo», tal y como ha venido reconociendo el propio ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, de los diferentes actores, es decir administraciones, que tienen capacidad para desarrollar acción exterior, y entre los que se incluye al Gobierno -con cada ministerio a título individual-, la Corona, el Congreso, el Consejo General del Poder Judicial, las Comunidades Autónomas o los entes locales.

El objetivo de esta ley, «bajo el respeto al derecho constitucional que asiste a los diferentes sujetos a realizar su acción en otros países», será que esta última se coordine y subordine a la Política Exterior que, esta sí, la Carta Magna atribuye en exclusiva al Gobierno. «Se va a regular una unidad de acción», resumió el ministro.

Informe no vinculante

García-Margallo se refirió en particular a las comunidades autónomas a las que, recalcó, no se impedirá abrir oficinas en el extranjero aunque se las invitará a integrarse en las que dispone el Estado central con el fin de lograr un mayor grado de ahorro y eficacia. Este es un proceso que el mismo Gobierno central se ha propuesto llevar a cabo para incluir una parte de sus legaciones dentro de las infraestructuras desplegadas por la Unión Europea. En el caso de que una comunidad quiera abrir oficinas en el extranjero deberá solicitar un informe previo a Exteriores que en ningún caso será vinculante.

Este último punto ha sido uno de los más polémicos en el proceso de elaboración del anteproyecto ya que en algunos borradores figuró la prohibición a las comunidades para desplegar legaciones en caso de que estas incumplieran el objetivo de estabilidad presupuestaria. Tal posibilidad se granjeó duras críticas por parte de los partidos nacionalistas y finalmente ha sido descartada debido a su más que complicado encaje constitucional. «Serán los ciudadanos los que juzguen a los gobiernos autónomos si deciden destinar sus fondos a abrir delegaciones en otros países en lugar de ambulatorios en sus regiones», concluyó el ministro al respecto. A lo largo del último año la práctica totalidad de las comunidades autónomas han firmado protocolos para integrar sus oficinas exteriores dentro de las embajadas y consulados nacionales, con la excepción de Andalucía, País Vasco y Cataluña.

Según estipula también el texto, los viajes al extranjero de los dirigentes autonómicos deberán ser comunicados al Ministerio a fin de que las legaciones del Estado puedan atenderles con eficacia. Eso sí, apuntó García-Margallo, se realizarán «recomendaciones» sobre la política exterior que mantiene el Gobierno en las áreas objeto del viaje. «No se trata de controlar sino de ayudar», destacó el titular de Asuntos Exteriores.

García-Margallo anunció una reorganización de la presencia diplomática en el exterior. A modo de ejemplo aludió a los 10 consulados que existen en Francia por los 8 abiertos en la región Asia-Pacífico, la de mayor crecimiento económico del mundo, algo irracional y obsoleto, afirmó. Según el Gobierno, esta reorganización resultará fundamental para adecuarse al siglo XXI. Y es que según reveló García-Margallo a día de hoy no existe ni si quiera un recuento del número de funcionarios o edificios con los que cuenta España en el exterior.