Aprobado un plan que ofrece ayuda experta y prioritaria a menores víctimas de violencia sexual

Los responsables de las delegaciones del Gobierno y de Salud de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil y Ángel Acuña, respectivamente, han firmado un convenio que impulsa la protección de los menores víctimas de violencia sexual, agilizando las evaluaciones y primando las derivaciones únicas a un equipo de peritaje especializado.

Esta iniciativa data de 2008, cuando la Junta propició esta iniciativa para impulsar equipos especializados de evaluación y tratamiento de los menores que sufren esta lacra. Estos casos, por su especial vulnerabilidad, requieren una atención especializada e inmediata, por lo que se consideró oportuno que se derivaran a los mencionados equipos, en el caso gaditano, a cargo de la Fundación Márgenes y Vínculos con la coordinación de la Junta; ello supone, además, una «agilización» de las evaluaciones de los menores; según ha destacado la Junta en un comunicado.

Avance previo

No obstante, de forma pionera, en la provincia se firmó en 2009 un convenio entre las entonces delegaciones de Igualdad y Bienestar Social, de un lado, y de Justicia, de otro, para evitar una victimización innecesaria, ya que, antes de este acuerdo que se ha renovado, los menores tenían que someterse a una doble peritación, la del Instituto de Medicina Legal (IML) y la del equipo especializado.

Así, desde 2009, cuando un órgano judicial solicita una valoración al IML, la víctima se deriva al Programa de Evaluación y Tratamiento de Menores Víctimas de Violencia Sexual, al que está adscrito Márgenes y Vínculos, y que sólo atiende a estos menores. Este equipo, formado por seis profesionales -tres psicólogas, una trabajadora social, una licenciada en derecho y una administrativa-, es de dedicación exclusiva, lo que supone «una mayor prontitud», además, de una especialización en este tipo de víctimas. Así, desde la implantación de este programa, se han derivado en la provincia a 475 menores que han sufrido abusos sexuales.

Este acuerdo supone «un impulso a la coordinación institucional entre ambas delegaciones» a través del Instituto de Medicina Legal, competencia de Justicia, y del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia, de Salud.