Los españoles identifican «la impunidad» como principal causa del fraude a Hacienda

El fraude a la Hacienda Pública ha cobrado actualidad una vez que la sociedad ha conocido la estrecha ligazón entre el escamoteo de la obligación cívica de pagar los impuestos y los últimos casos de corrupción que han manchado la imagen del poder y de las instituciones. La sensación de que la evasión es un fenómeno creciente no es nueva. El último estudio 'Opiniones y actitudes fiscales de los españoles 2011', elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), evidencia que en la última década ese sentimiento ha ido a más. Pero lo llamativo es que la mayoría de la población cree que ha aumentado debido a que la falta de castigos efectivos actúa como un estimulo de las conductas fiscales deshonestas. Un sentimiento que equivale a decir que hay fraude porque las autoridades no hacen cuanto debieran para perseguirlo eficazmente.

Esa sensación era ya corriente antes de que las esquirlas despedidas por el estallido del 'caso Bárcenas' alcanzaran al mismísimo presidente del Gobierno, y de que las últimas revelaciones sobre la trama 'Gürtel' salpicaran a la ministra de Sanidad, Ana Mato. El informe del IEF, elaborado a partir de opiniones recabadas hacia finales de 2011, ya pone de manifiesto que «la mayoría de la población encuestada en 2011 considera que la impunidad de los defraudadores es la principal causa del fraude fiscal en nuestro país».

Habrá que esperar a que el IEF publique su próximo estudio o a conocer las encuestas de otros organismos para saber si esa opinión se ha reforzado aún más, toda vez que ninguno de los responsables públicos bajo sospecha tras las últimas revelaciones ha mostrado la más mínima intención de dimitir. Pero la sensación de impunidad no es la única razón por la que, en opinión de la ciudadanía, persiste el fraude. Los españoles también denuncian la «ineficacia» de la administración a la hora de luchar contra los incumplimientos fiscales, la falta general de honradez y conciencia cívica o la presión fiscal excesiva como factores con gran influencia en la decisión de defraudar. La inadecuación de los impuestos a la oferta pública de servicios y prestaciones, y la necesidad de «trampear» para salir adelante serían otras causas, aunque de menor importancia relativa que las anteriores.

La conclusión del análisis es que la impunidad de los grandes defraudadores y la ineficiencia a la hora de combatir la evasión (lo que el IEF denomina causas de índole administrativa) han ido a más desde 2008 y, aunque en 2010 sufrieron un descenso, en 2011 experimentaron un «repunte bastante importante», hasta alcanzar el valor más alto desde que existen registros. Las llamadas causas económicas (presión excesiva y necesidad de trampear para salir adelante) se consolidan como el segundo factor responsable.

Justificación

El informe muestra, además, que siete de cada diez personas entrevistadas en 2011 (en concreto el 67%) «no encuentra justificación alguna al fraude fiscal». Pero llama la atención que hay otro 33% de los ciudadanos que justifica, de un modo u otro, la conducta defraudadora. El IEF, no obstante, puntualiza que esa justificación tiende a basarse en argumentos autoexculpatorios: «Son las circunstancias las que obligan a defraudar» (para el 25% de los consultados) y «lo normal es evadir impuestos» (señala el 8% restante).

Las opiniones que tienen que ver con la apología son bastante homogéneas, según el IEF. Solo hay algunas divergencias derivadas de la diferencia de edad de los entrevistados. En general, los jóvenes toleran más las conductas defraudadoras.

El 42% de las personas entre 18 y 24 años, en realidad aquellos que menos reciben o esperan recibir del Estado, justifican de algún modo la evasión fiscal. Los menores porcentajes de justificación (31% y 30%) se dan, respectivamente, en contribuyentes de entre 25 y 39 años -es decir, aquellos con más posibilidades de reclamar prestaciones de tipo sanitario y educativo para sus familias y los que más aspiran a que sus impuestos sirvan para repartir la riqueza- y entre los que tienen entre 55 y 64 años, a punto de jubilarse y con necesidades crecientes de servicios médicos y farmacéuticos.

En medio están las personas de entre 40 y 54 años, que justifican algo más el fraude (33%). También es superior (36%) el porcentaje de apologetas de la evasión entre las personas mayores de 65 años.