TRANSPARENCIA CON UN CLICK

LA clase política andaluza se ha hecho una insólita foto con la que escenificar que van a buscar medidas que frenen la desconfianza y hasta incluso la irritación que la ciudadanía siente por ella. Probablemente, cuando los dirigentes del PP, PSOE, IU y PA accedieron a esa imagen fraternal el pasado martes ya tenían sobre la mesa de partidos el estudio de opinión de la Universidad de Granada en el que siete de cada diez andaluces declaran abiertamente esa desafección y dicen no sentirse identificados con ningún partido en concreto.

En paralelo a la mesa de partidos, Griñán, Valderas y Susana Díaz (el bipartito) han emprendido una ofensiva con propuestas varias, incluidas conferencias de supuestos expertos para debatir sobre medidas de transparencia para la ley que prepara el Gobierno de la Junta.

Pero todo ello puede quedarse en puro maquillaje de la realidad, en una pasarela efímera de 'fashion week' sino se acomete con decisión cambios profundos en la manera de gobernar. Si esa ley, que dice Griñán que irá más allá de la de Rajoy, no apuesta verdaderamente por la transparencia de las administraciones y acaba con su opacidad actual.

No vale solo con que los políticos hagan 'streeptease' patrimonial, con que cuelguen en internet declaraciones de rentas, inversiones en pisos o en bolsa. Si uno quiere delinquir, ya buscará la manera. Ya hay leyes estrictas de incompatibilidad, de financiación de partidos y de tráfico de influencias y ahí están Bárcenas y Guerrero.

La desconfianza de los ciudadanos hacia los políticos es sobre todo porque sienten que son unos privilegiados, unos nuevos 'señoritos'. Hay una opinión extendida de que se creen dueños de las instituciones y del dinero para enchufar o para conceder subvenciones. Muchas veces no es cierto, pero otras muchas, sí.

Lo peor de los ERE, Invercaria o Gürtel, no es solo el posible fraude, sino la discrecionalidad a veces interesada con la que los cargos políticos de turno conceden dinero público a terceros privados. Lo peor de todo, es que la mayoría de las veces es bajo fórmulas legales, aunque no dejan de ser indecentes. Si no, ¿qué hacía la Junta entregándole 300.000 euros al todopoderoso empresario de los catering Arturo Fernández?No hay manera de protestar contra ello, porque nadie se entera y cuando se entera ya es tarde: La Junta ahora le reclama el dinero porque no lo invirtió en el proyecto turístico para el que lo había pedido.

La raíz de todo ello parte del verdadero estigma de la clase política, la obsesión por el poder de la información. Los gobernantes, sean de ayuntamientos, de la Junta, de los ministerios o de las diputaciones, pocas veces acceden a entregar datos de lo que hacen a la oposición de turno y menos a cualquier ciudadano. Y cuando asienten a entregar los datos ha pasado tanto tiempo que ya no importa.

Hay una cultura heredada del franquismo en la clase gobernante de creerse con derecho a la opacidad administrativa frente al ciudadano. Muchas veces porque no tienen ni idea y no quieren que se sepa su ignorancia sobre lo que trabajan. Otras porque saben que la información es poder y ah, amigo, a tí te lo voy a decir. Puro fascismo paternalista.

¿Por qué es tan difícil si no imposible conocer al momento las listas de espera de la sanidad? Es vergonzosa la guerra de cifras sobre las cuentas y las deudas públicas entre PSOE y PP. ¿Por qué no sabemos qué absentismo laboral hay de los funcionarios? El martes se aprobó un nuevo plan contra el paro con el objetivo de crear 41.000 empleos. El pasado verano se aprobó otro con 11.000 empleos como meta, pero no pregunte usted a la Junta cuántos al día de hoy se han materializado ni qué obras se han llevado a cabo con ese plan. No sabe, no contesta, esa es la respuesta.

Griñán ha prometido un gobierno abierto en su ley de transparencia. Es una ambiciosa promesa que además no cuesta dinero. Creo que incluso será lo más acertado para empezar a ganarse la confianza de los ciudadanos: saber que nada se nos puede ocultar. La declaración de la renta de Rubalcaba o Cospedal solo es morbo, no transparencia. Lo que cobran del erario público o privado, sí. Pero saberlo no debe ser un trabajo de investigación periodística, sino de un click en una web; Como las listas de espera o las subvenciones a Arturo Fernández.