Nueve despidos en Diputación y enésimo cruce de acusaciones

La Ley de la Dependencia, esa norma que reconocía por fin el trabajo que desempeñan las personas que tienen a su cargo enfermos que no pueden valerse por sí solos, hace aguas por falta de financiación. A los retrasos en la tramitación de las solicitudes de familias, el reconocimiento de una prestación y el cobro de ella, ahora se suma la reducción del personal de apoyo encargado desde la Diputación de tramitar los expedientes. En concreto, nueve auxiliares administrativos han sido despedidos. Y tanto el gobierno de la institución provincial (PP) como la Consejería de Salud y Bienestar Social (PSOE) se echan las culpas por la reducción del dinero que finalmente sirve para conceder las prestaciones a las personas reconocidas como dependientes. La Junta responsabiliza al Gobierno de Rajoy por haber reducido el dinero que debía invertirse en esta materia y haber retrasado hasta 2015 el reconocimiento efectivo de la ayuda para aquellas personas con dependencia moderada.

La Diputación Provincial argumenta en el mismo sentido, pero cambiando al responsable último: desde el gobierno popular de la institución culpan a la Junta de Andalucía de haber reducido su aportación en un 50% para sufragar el personal de apoyo. El enésimo cruce de acusaciones y nueve personas que pasan a engrosar la lista del paro.

Sin embargo, en la institución provincial gaditana se han comprometido a mantener los puestos de trabajo si la Junta no recorta la aportación. En este sentido, recuerda que la Diputación provincial le solicitó hace un mes y medio a la Junta que incrementara la partida presupuestaria destinada al personal de refuerzo de la Ley de Dependencia, y en concreto, la partida destinada al personal administrativo, no habiendo obtenido respuesta ninguna por parte del gobierno andaluz.

«Confundir con demagogia»

Ayer, la Junta hacía público un comunicado en el que pedían a Diputación que «deje de confundir a la opinión pública con demagogia en torno a las consecuencias del brutal desmantelamiento, exclusivo del Gobierno, de la Ley de la Dependencia. En este sentido, hay una retirada clara del ministerio en este concepto, ya que ha recortado en Andalucía 214 millones de euros en dos años, 89 de ellos en 2012 y 125 de este importe para 2013», afirman en ese escrito.

Las explicaciones desde el gobierno autonómico continuaban asegurando que «además de este recorte, el Gobierno del PP ha retrasado hasta 2015 la entrada en vigor de la efectividad del derecho a la prestación a las personas con dependencia moderada. No obstante, esta demora propiciada por el partido que gobierna Diputación, conlleva, entre otras nefastas consecuencias, que no sea necesario en estos momentos un refuerzo de personal que asuma funciones de tramitación masiva de inicio de nuevos expedientes correspondientes a la incorporación de este colectivo al sistema, como sí sucedía al comienzo de la implantación de la Ley».

Ante esta situación, la Consejería de Salud y Bienestar Social -según aseguran- «se comprometió a mantener la contratación de los trabajadores sociales de refuerzo para la atención a la Dependencia haciendo el importante esfuerzo de asignar más de diez millones de euros para dicho mantenimiento».

«En relación al personal administrativo al que alude el diputado provincial de Bienestar Social, Antonio García, éste debería conocer que el BOJA de 31 de diciembre ya contempla que, siempre que esté debidamente justificado y cuente con la conformidad de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, las entidades locales, entre las que se incluye la Diputación de Cádiz, podrán contratar, de manera excepcional, dicho personal administrativo», concluyen.