Juan Carlos Rodríguez, Hernán Díaz y su abogado, en su llegada a los juzgados. :: LA VOZ
EL PUERTO

Hernán conocía el valor histórico de la Casa de las Cadenas, según los técnicos

El exalcalde, juzgado por permitir la demolición de parte de un edificio histórico, recibió un informe de Patrimonio en el que se le advertía

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Mientras la trasera de la Casa de las Cadenas, construida en el siglo XVII, era reducida a escombros, Javier Maldonado, jefe de servicio de Patrimonio Histórico en el Ayuntamiento de El Puerto, recibió una llamada del por entonces alcalde Hernán Díaz. Éste le aseguró que él no estaba en connivencia con Rufino Naves S.A. la empresa propietaria del edificio, donde pretendían construir viviendas. Días antes, Maldonado había redactado un informe en el que alertaba sobre el valor histórico de la casa de cargadores de Indias, que entregó a Moresco, en aquel momento edil de Cultura, para que se lo hiciera llegar a Hernán. Esta fue parte de la declaración que el técnico municipal expuso ayer ante el juez de lo Penal número 2 durante la segunda sesión del juicio por el derribo de la Casa de las Cadenas.

En el banquillo de los acusados, además de Hernán, volvieron a sentarse el ex edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, el exarqueólogo municipal, Francisco Giles y los empresarios Rufino Naves y Juan Ignacio Naves. La Fiscalía pide diferentes penas por prevaricación, desobediencia y delito contra el patrimonio. La acusación particular, ejercida por Izquierda Unida, pide para los que fueran cargos públicos y el técnico, nueve años de inhabilitación, un año y seis meses de cárcel y varias multas.

Los hechos se remontan a septiembre de 2004, cuando Fernando Jiménez - Fornell, jefe del servicio de Licencias, autorizó la demolición de Bajamar, 20 apoyado en un informe de Giles, en el que aseguraba que la casa se encontraba en un peligroso estado de ruina. De igual modo se pronunciaron los arquitectos de Basallote, el estudio que Rufino Naves S.A. contrató para que informara sobre la estructura de esta parte del inmueble.

Estas tesis no fueron apoyadas al cien por cien por los dos arquitectos municipales que declararon ayer: Humberto Jiménez y María Jesús Rodríguez, que había incluido Las Cadenas en la elaboración del Plan Especial de Protección del Casco Histórico. Si bien ambos reconocieron que el edificio se encontraba en mal estado, consideraron que se deberían haber adoptado otras medidas. «La casa estaba mal como tantos y tantos edificios del casco histórico de El Puerto. Pero si se cae un trozo de la Iglesia Mayor Prioral, a nadie se le ocurre tirarla». Otra de las claves es la segregación de la trasera del edificio, que fue realizada en 1993 por sus anteriores propietarios.

Un conjunto único

De este modo la trasera no era considerada del mismo valor que la que da a la plaza del Polvorista. Pero todos los técnicos municipales coincidieron en que la casa tenía valor en su conjunto y que había elementos estructurales, como, cornisas, impostas y arcos que daban una idea de continuidad de las estancias.

En este sentido, Maldonado aportó la descripción que hizo su propietario original, Juan de Vizarrón, sobre una casa con zona de vivienda, de oficinas e industrial, que era la que daba al río y donde de hecho había incluso un molino de aceitunas donde probablemente se fabricaba aceite que embarcaba rumbo a las Américas. Unas características que hacía de Las Cadenas, una casa de cargadores de indias única en la ciudad.

Pero las máquinas entraron sin el pertinente permiso de la delegación provincial de Cultura, algo necesario habida cuenta de que la Casa de las Cadenas se encuadra en el conjunto histórico arquitectónico de El Puerto.

Fue a raíz de la denuncia del grupo municipal de Izquierda Unida, que la Junta requirió hasta en cinco ocasiones al Ayuntamiento para que paralizase el derribo. Durante su declaración, realizada el pasado martes, Hernán dijo que cuando firmó el permiso de Licencias desconocía que se trataba de la Casa de las Cadenas, al figurar 'Bajamar, 20' en el informe. Del mismo modo argumentó su caso omiso ante las peticiones de la Junta con un nuevo informe de Jiménez Fornell, en el que éste le exponía que era la propia Cultura la tenía que actuar para paralizar la obra. Hoy se celebrará la última sesión del juicio con la exposición de las conclusiones.