La multinacional asiática BWI no se instalará en los terrenos de Delphi

La inversión asiática en los antiguos terrenos de Delphi está descartada. Las exigencias laborales de la multinacional Beijing West Industries (BWI) no encajan con el marco español, pese a la propuesta del colectivo de los exDelphi de trabajar por debajo de lo establecido en el convenio del Metal. El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, mantuvo un encuentro el pasado 9 de enero con los representantes de la empresa en España y reconocieron que el principal escollo para invertir en la Bahía es el salarial. Los inversores insistieron en que los costes se disparan en Cádiz frente a la oferta que tienen sobre la mesa para su implantación en los países del Este. Quieren pagar sueldos por debajo del salario mínimo interprofesional. Resulta difícil competir con propuestas salariales de 300 euros.

López Gil desgranó ayer a LA VOZ todas las ventajas que ha ofrecido la Administración regional para captar esta inversión «y ya no se puede ofrecer más». Indicó al respecto que es muy difícil llegar a un acuerdo, aunque advirtió al mismo tiempo que la Bahía necesita, sobre todo, empresas de alta tecnología y «BWI es de mano intensiva con salario muy bajos».

La última y definitiva propuesta de la Junta incluye para la empresa la máxima aportación de incentivos públicos, subvención pública por la contratación de mayores de 45 años, ayuda especial por considerar el proyecto estratégico, es decir, se reducirían sus trámites administrativos, cesión de suelo a coste cero y exención de impuestos.

El delegado del Gobierno indicó que, a día de hoy, la Administración andaluza sigue viendo «difícil» que puedan retomarse las conversaciones con la empresa. No obstante, no cierra la puerta del todo, ya que la experiencia les dice que esta multinacional de la automoción «va y viene», con lo que no puede descartarse que «nos llamen y vuelvan a sentarse otra vez».

López Gil expresó su deseo de que BWI decidiera instalarse en la Bahía, pero la Junta «ha llegado hasta donde puede llegar y no puede hacer más», sobre todo, cuando el objetivo de la empresa es «bajar el coste laboral» y, «desde luego, la Junta no puede pagar esa diferencia de costes», remarcó.