López Gil lo reconoce: no hay dinero para la Ciudad de la Justicia

La Ciudad de la Justicia o ese proyecto que va camino de cumplir la mayoría de edad sin lucir ni un ladrillo está completamente paralizado, al borde del descarte, salvo que la iniciativa privada lo rescate, asumiendo un coste que para la Administración regional no es asumible. Desde la Junta nunca han sido tan claros como lo fue ayer su delegado en Cádiz, Fernando López Gil, en una reunión que mantuvo con el decano del Colegio de Abogados, José Manuel Jareño, y con el presidente de la asociación de jóvenes letrados, Daniel de las Peñas. Ambos profesionales de la Justicia confirmaron a este medio que la información ofrecida por López Gil fue rotunda: no hay dinero para el principal proyecto en materia de infraestructuras judiciales en la capital. Jareño añadió más: Por vez primera, el representante de la Consejería de Justicia en la provincia, a diferencia de sus antecesores, no habló de plazos.

La única fórmula de viabilidad que maneja la Junta es que la inversión privada se haga cargo de una obra, presupuestada en 83 millones de euros. La Administración regional pagaría un canon por explotación del edificio durante un plazo de 25 ó 30 años, transcurrido el cual, la propiedad del edificio revertiría de nuevo a la Junta. La empresa que asumiría estos costosos trabajos obtendría beneficios a través de la explotación de servicios adicionales de un complejo de estas características como la cafetería o el aparcamiento.

Ahora bien, esta idea, como también reconoció a los letrados López Gil, choca con la actual coyuntura económica: los inversores potenciales a los que podría interesarles esta operación, carecen de crédito. El resultado, por tanto, es más que evidente: 2012 está a punto de concluir y la obra ni siquiera se ha licitado después de once años de promesas incumplidas. El último anuncio al respecto lo dio el exconsejero de Gobernación, Francisco Menacho, cuando en octubre de 2011 aseguró que esa fase inicial del proyecto estaría antes de que acabara el año y fijaba un horizonte de finalización en 2015.

Ese plazo quedó de nuevo invalidado cuando el consejero de Justicia, Emilio de Llera, esta pasada primavera visitaba la ciudad y anunciaba que el proyecto se reprogramaba. La última puntilla llegaba de la mano de los presupuestos de la Junta para 2013, cuando se confirmó que no hay partida reservada para la Ciudad de la Justicia de Cádiz.

Concentrar juzgados en Carranza

Una prueba de que este proyecto está completamente paralizado es que la Administración regional está trabajando en alternativas para acabar con la dispersión de sedes judiciales en la capital. Una de las ideas que maneja el delegado del Gobierno de la Junta, según trasladó a los representantes del colectivo de letrados, es concentrar todos los juzgados en los bajos del Carranza, ocupando el espacio que queda libre en la zona de tribuna.

Esta ubicación no es del agrado de los profesionales de la Justicia: «Las actuales dependencias, que llevan en funcionamiento no demasiado tiempo, ya son insuficientes», indicaba a este medio el presidente de los jóvenes abogados.

Sobre las sedes judiciales, el comunicado remitido por el departamento de López Gil, el cual no menciona nada sobre la Ciudad de la Justicia, subrayaba que «se está renegociando los alquileres de algunos edificios en los que se ha conseguido rebajas importantes de hasta el 40% en algunos casos». Con el dinero que se ahorre, afirma la nota de prensa, la intención de la Junta es destinarlo a dos equipamientos en concreto: trasladar los juzgados 1,2 y 3 de La Línea a la sede del nº 4. Y alquilar un nuevo edificio para los órganos de San Fernando. López Gil apuntó en la reunión a dos posibles ubicaciones, una de ellas sería el edificio de Telefónica. «Le hemos dicho que las gestiones culminen con la mayor celeridad posible. La situación de estos juzgados es muy precaria y urge actuar ya. Nos ha comentado que espera tenerlo resuelto en unos pocos meses», señalaba el decano del Colegio de Abogados, José Manuel Jareño.

Deuda con el turno de oficio

Otro punto que acaparó buena parte del encuentro fue la deuda que mantiene la Administración regional con el turno de oficio, al que le debe todo el año 2012. «Esto es un servicio de 24 horas, los 365 días. Y le está costando el dinero a los abogados. No entendemos cómo se pueden ir acumulando tantos impagos, sobre todo cuando estamos ante un servicio esencial como es la Justicia gratuita», indicaba Jareño.

En la misma línea se expresaba Daniel de las Peñas, presidente del colectivo de letrados jóvenes: «Hay compañeros que viven del turno de oficio. Solo se ha abonado parte de las guardias, pero se deben todos los procedimientos de este año. Esto supone un importante quebranto para algunos profesionales».

Desde la delegación del Gobierno de la Junta se cifra esa deuda en 2,5 millones y se anuncia que se ha fijado una «estrategia para poder abonar lo antes posible esa cantidad, que se sumarían a los 5,2 millones que ya ha pagado la Consejería de Justicia durante 2012».