Rajoy «no contempla» la destitución de Wert

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, expresó ayer su total apoyo al ministro de Educación, José Ignacio Wert, envuelto en una fuerte disputa con Cataluña, con las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE y con la comunidad educativa, en general, por su proyecto de reforma educativa. Rajoy aseguró que no contempla la salida de Wert del Gabinete, según respondió a una pregunta directa. En su declaración, el presidente quiso desmontar el «tópico» de que cada Gobierno hace «su» sistema educativo. «En España, después de Franco, solo hubo uno, el del PSOE», acusó. Y los resultados del modelo anterior, con altas tasas de abandono escolar, abundantes fracasos, malas conclusiones del informe Pisa... no son, a su juicio, opinables, sino hechos.

Sin embargo, Rajoy mostró su cara más conciliadora al asegurar que el Gobierno está dispuesto a sentarse con todos en busca de un consenso educativo. «Estamos dispuestos a buscar fórmulas siempre que permitan a la gente ejercer sus derechos individuales», añadió el presidente, en referencia al tratamiento de las lenguas. Aseguró que la reforma «no va en absoluto contra una lengua», porque el Gobierno está orgulloso de todas ellas. Abogó por el diálogo, pero precisó que «dialogar no significa dejar todo como está».

Pero pese a que Rajoy intentó rebajar el tono de la polémica, los frentes educativos continúan abiertos. Andalucía volvió a expresar ayer su rechazo al anteproyecto de reforma educativa al entender que el segundo texto presentado por Wert mantiene la ruptura de los consensos constitucionales en aspectos como la enseñanza concertada o la asignatura de religión. Y advierte de que esta postura supondrá una radicalización de los que creen en la escuela pública y privada, como el gobierno autonómico, según aseguró la consejera Mar Moreno.

Durante la presentación del informe que la región llevará a la reunión sectorial de la próxima semana, Moreno lamentó que la postural «radical» del actual Ejecutivo central, con un «bandazo al programa de máximos de la derecha», contrasta con la moderación de los «gobiernos progresistas», de los que alabó que «por responsabilidad, no han querido romper los consensos constitucionales». «(El PP) Está dispuesto a dinamitarlos imponiendo sus valores y una falta de respeto a los que no piensan como ellos», criticó, para censurar que el Ejecutivo pretenda «construir una autopista de peaje para los que puedan y carreteras secundarias para los demás».

La oposición del gobierno autonómico al borrador de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) se articula en torno a dos pilares: la asignatura de Religión, con la desaparición de la materia 'Educación para la Ciudadanía', y la defensa de la escuela pública para mantener la igualdad de oportunidades.

Contenidos «adoctrinadores»

Respecto al primer asunto, Moreno confió en que tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional -que considera que los contenidos de la asignatura no son «adoctrinadores»- el Ministerio cambie su posición, destacando que se trata de valores que deben ser cursados por todos los alumnos con independencia de su opción religiosa.

«El fallo les deja sin argumentos», señaló, instando al Ejecutivo a reponer «una asignatura referida a valores constitucionales, porque en la Constitución caben todas las ideas mientras que en la reforma del PP solo las suyas».

La otra punta de batalla radica en las «medidas privatizadoras», dado que Andalucía entiende que la reforma, «escrita al dictado de la privada por los enemigos de la escuela pública» da más peso a la red de centros concertados con la ampliación del periodo de concertación en Primaria y la eliminación de la obligación de garantizar plazas públicas suficientes.

En este sentido, el texto que Andalucía llevará a la reunión del miércoles incide también en la ruptura de la igualdad de oportunidades de la reforma, ya que promueve una «segregación excesivamente temprana» y concibe el sistema educativo como «una carrera de obstáculos que no ayudará a que el alumnado con más dificultades progrese dentro del sistema».

Por otra parte, los rectores de las doce universidades públicas y privadas de Cataluña acordaron ayer establecer una prueba de selectividad, si se implanta la 'ley Wert', que contempla una reválida para la obtención del título de bachillerato.