Seguimiento desigual en el paro convocado por jueces y fiscales

Quizás la falta de práctica o la convergencia en un mismo día de reivindicaciones de los distintos colectivos que conforman el sistema judicial hizo que la jornada de protesta de la Justicia, convocada a nivel nacional, fuera un tanto improvisada en cuanto a la organización en la capital gaditana. Así, la concentración que debía celebrarse al mediodía en la puerta de los juzgados de San José acabó divida en dos. El personal que trabaja en la Audiencia Provincial decidió no desplazarse y salió a la puerta del edificio de la Cuesta de las Calesas. La jueza decana, Nuria Orellana, achacaba estos imprevistos de última hora al problema crónico que soporta esta ciudad, que mantiene sus juzgados dispersados en distintas sedes. «Por las complicaciones que acarrea esa dispersión, llevamos años reclamando la necesidad urgente de una Ciudad de la Justicia».

El llamamiento a la protesta partía de la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales, al que se había sumado el Consejo General de la Abogacía, el Colegio de Procuradores, la Asociación de Secretarios Judiciales, funcionarios y sindicatos. La intención era paralizar los juzgados, de 12.00 a 13.00 horas, en respuesta a las últimas iniciativas emprendidas por el Gobierno central en materia de Justicia. Sin embargo, el seguimiento de ese paro fue muy desigual. Así, en las secciones de la Audiencia y en la Fiscalía la actividad no se detuvo. Tan solo se paralizó por completo en algunos juzgados.

Sí hubo una visualización del conflicto con las concentraciones en Cádiz, Jerez y Algeciras. Las dos que se desarrollaron en la capital reunieron a un centenar de personas entre ambas. La presencia de fiscales, con la jefa provincial a la cabeza, Ángeles Ayuso, fue más notable en la movilización que se organizó en la puerta de la Audiencia. En esa concentración, los miembros del Ministerio Público y de funcionarios adscritos a la Fiscalía fueron mayoría. Apenas hubo seguimiento por parte de magistrados de la Audiencia, salvo contadas excepciones.

Fuentes consultadas por este periódico confirmaron a este medio que en el seno de la judicatura gaditana hubo un debate previo sobre la conveniencia o no de moderar el ritmo de las protestas, habida cuenta que ya se produjo un primer amago hace dos semanas con una primera concentración histórica que reunió a jueces y fiscales por vez primera. Esta postura se tambaleó en la víspera de ayer con las declaraciones del ministro Gallardón en las que achacaba la movilización a cuestiones netamente corporativistas. Afirmó que la protesta se debía por la eliminación de la paga extra y los días de asuntos propios. Unas declaraciones que, pese a todo, no consiguieron movilizar a la mayoría de los jueces en Cádiz. Aunque la indignación, aseguraron fuentes consultadas por este periódico, crece entre las togas.

En San José, la concentración la encabezó la jueza decana, que pertenece a la APM, asociación conservadora en la judicatura que no se ha descolgado de las protestas. Orellana leyó un manifiesto, casi idéntico, al que se oyó hace dos semanas y que resume las principales reivindicaciones de los profesionales de la Justicia. Junto a ella, el fiscal Lorenzo Sacaluga y el vicedecano del Colegio de Abogados, Manuel Rodríguez-Piñero Pavón simbolizaban la unión que se ha producido entre los distintos actores judiciales que al final se han puesto de acuerdo en sus reivindicaciones.

En esta protesta sí hubo más presencia de jueces de Instrucción, de los Penales y un nutrido grupo de letrados y funcionarios. La plataforma que aglutina a los empleados de la Administración de Justicia dispuso una mesa donde recogían firmas 'por una Justicia para todos'. Esta iniciativa se prolongará durante el resto de diciembre y enero. El 19 de ese mes se entregarán las rúbricas en el Ministerio de Justicia.

Las reivindicaciones

El comunicado que leyó la jueza decana volvió a pedir «la retirada inmediata» del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una medida que conlleva la eliminación de días de asuntos propios, la figura del juez sustituto o la incorporación de los traslados forzosos a otros partidos judiciales para cubrir vacantes. «Perjudica la calidad de la Justicia y no encuentra justificación en la situación de crisis económica», leyó Nuria Orellana.

Igualmente, el texto acordado por la Comisión Interasociativa pide nuevas plazas de jueces y fiscales; una autonomía presupuestaria del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado como garantía de independencia del Poder Judicial. Así como el rechazo total a modificar la actual estructura del CGPJ o del Consejo Fiscal «que mine su independencia». De la mano de los abogados, las protestas también incluyen la nueva ley de tasas judiciales que consideran «desproporcionadas» y que limitarán el acceso de muchos ciudadanos a la tutela judicial. A estas demandas se suman las viejas reivindicaciones de dotar mejor de recursos humanos y materiales un sistema judicial desbordado por la carga de trabajo. Un problema que arrastra hace décadas y que los últimos anuncios de recortes del Gobierno no ha hecho más que dinamitar la situación.

En Jerez, la convocatoria se llevó a cabo en la sede de Tomás García Figueres, donde los funcionarios portaron carteles en los que reivindicaban que «sin Justicia no hay derechos». La próxima movilización, ya confirmada, tendrá lugar el 20 de diciembre, cuando se produzca un apagón informático en la red interna de los juzgados, de 11.30 horas a 12.00.