Cultura «actuará» para proteger Valcárcel tras denuncias sociales

La Junta de Andalucía anuncia que ejercerá su responsabilidad legal y administrativa sobre la conservación de Valcárcel. La intención de la Consejería de Cultura, según aseguró ayer su delegada en Cádiz, Cristina Saucedo en los micrófonos de Radio Cádiz, es ejercer «de oficio» la exigencia de responsabilidades y medidas preventivas, o de reparación, a los propietarios si el inmueble sigue vacío, sin uso, abandonado, en constante deterioro y expuesto a expolios. La reacción de la Junta sólo ha llegado después de que tres asociaciones o colectivos (CGT, La Fábrika y Ecologistas en Acción) denunciaran públicamente que sufre un expolio constante. La Junta de Andalucía ha permanecido, salvo inspecciones esporádicas, al margen de la conservación del inmueble durante los últimos once años, pese a que está bajo su control, como patrimonio protegido, declarado en 1965.

Valcárcel no es un edificio cualquiera. Es el de mayor superficie del barrio de La Viña y uno de los más amplios de todo el casco antiguo. Además de su enorme tamaño, tiene un valor histórico reconocido con la mencionada protección como Bien de Interés Cultural (BIC) por la propia administración, primero nacional y luego autonómica, desde el pasado siglo. Es la catalogación lógica de un edificio construido en el XVII, que fundado como Hospicio Provincial en 1649 tras la obra dirigida por Torcuato Cayón de la Vega, probablemente el mejor arquitecto de la historia de Cádiz.

Posteriormente tuvo diversos usos, principalmente sanitarios y educativos, siempre bajo propiedad de la Diputación Provincial hasta su cierre en 2001. Desde esa fecha, se deteriora a toda velocidad. La Corporación cedió entonces el histórico inmueble a Zaragoza Urbana, una empresa hotelera que proyectaba un establecimiento de cinco estrellas. Tras cuatro años de trámites y otros tantos de espera, esta firma anunció que renunciaba al proyecto.

Habían pasado diez años sin más movimiento que los desperfectos provocados por el tiempo y el abandono. Como muestra de rechazo a la situación de bloqueo, sin proyecto definido ni control claro del edificio (diluído entre Zaragoza Urbana, Diputación Provincial y Junta de Andalucía), un grupo de personas ocupó el edificio, con actividades culturales y tareas de conservación, durante siete meses, entre junio y enero del año pasado. La Policía Nacional desalojó entonces el edificio que, desde entonces, ha vuelto a su situación de abandono e indefinición.

Durante todo este proceso, la Junta de Andalucía ha permanecido ajena a la custodia de este edificio, que le compete según la Ley.

La última prueba de su abandono fue la suspensión de las clases, hace dos semanas, en el único sector del edificio aún en uso: la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones. Más de 200 alumnos se han quedado sin aulas ni prácticas por la pésima conservación de las instalaciones y del entorno

Tras toda esta trayectoria de decepciones y daños al histórico Hospicio, sólo ayer, tras la denuncia pública de tres colectivos ante un presunto expolio, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía anunció que actuará para proteger el inmueble protegido. Eso sí, aseguró Cristina Saucedo, la delegada, que lo hará cuando tenga constancia formal de la denuncia.

Entonces, afirma la dirigente socialista, pedirá explicaciones a sus propietarios para aclarar si se han producido daños y solicitar medidas para prevenirlos o tratar de repararlos.